Atender la realidad que México enfrenta como lugar de retorno, de tránsito y de destino migratorio no es un asunto menor, y la presión externa sirvió para que el gobierno federal centrara su atención en un tema que ya generaba problemáticas en diversos puntos del territorio nacional.
Provocadas o no, financiadas o no, las caravanas migrantes empezaban a ser una constante para la cual las autoridades migratorias mexicanas no estaban preparadas y se empezaba a crear otro negocio en su traslado al Norte.
La Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de su titular, Marcelo Ebrard Casaubón, asumió las riendas de negociación con Estados Unidos en una nueva fase, pues la primera estuvo al mando de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la entonces secretaria del Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.
A lo que Ebrard se ha comprometido es que el Estado mexicano tenga un control efectivo, permanente y comprobable de su frontera Sur, lo cual debió de haber existido siempre, sin embargo, no era así. El canciller y la titular de Gobernación han señalado que no se permitirá el ingreso de personas que buscan utilizar a México sólo como país de tránsito a los Estados Unidos, lo cual es comprensible de cara a lo pactado en Marruecos en diciembre pasado.
El Pacto Mundial de Marrakech contempla no sólo los objetivos rectores para lograr una migración segura, sino también desarrolla la problemática gubernamental acorde con las políticas migratorias particulares y control de fronteras, y reconoce los retos de las personas migrantes tales como la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos.
Para ello, se plantea una serie de acciones favorables a las personas migrantes a través de 23 grandes metas, tales como evitar la separación de familias, reconocer los derechos de migrantes para acceder a servicios públicos de salud y educación, combatir la trata de personas, usar la detención como último recurso, garantizar el regreso digno y seguro y cooperar para salvar vidas en riesgo.
Se ha sostenido que el Estado mexicano distrae el objetivo principal de la Guardia Nacional, al desplegar una quinta parte de sus elementos en la frontera Sur. Sin embargo, se trata de un planteamiento inexacto, pues este cuerpo fue transformado con el objetivo de preservar la seguridad interior y, sin duda, de ella es tema central la migración, sobre todo la indocumentada.
La estrategia del canciller es que México cumpla a pie juntillas con las exigencias visibles de Estados Unidos y con ello, evitar planes b de los cuales se pudo haber hablado y comprometido en la mesa.
Las acciones sobre lo que se ha hecho en la frontera Sur dan cuenta de una labor cuidadosa en el respeto de los derechos humanos de los migrantes y de un mayor control en su ingreso o no. Destacada labor la que se realiza para poner orden en ése que es un foco de inestabilidad.
En este orden de ideas, es necesario que servidores públicos como Francisco Garduño, nuevo titular de Migración, respalde y brinde el mayor apoyo a sus colaboradores en lugar de agredirlos y llamarlos fifis.
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