El INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (Coneval) se han encargado de dar las primeras respuestas a la interrogante.
Ambas instituciones muestran algunos de los efectos negativos que enfrenta la sociedad mexicana. Más allá de las grandes cifras macroeconómicas, se puede observar una profunda incidencia de la crisis sobre el bienestar de las familias y la capacidad productiva del país.
El INEGI presentó la actualización de su Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020. El resultado central fue la pérdida de empresas que el país ha sufrido durante la pandemia: casi 400 mil.
De acuerdo con el INEGI y su Censo Económico 2019, antes de la pandemia existían 4.86 millones de unidades económicas.
Por su parte la ECOVID-IE señaló que hasta fines de octubre más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar operaciones, la mayoría por la magnitud de la crisis económica: más del 20% del total.
Al mismo tiempo la ECOVID-19 mostró que se crearon poco más de 600 mil nuevas unidades económicas, la mayor parte clasificada como micronegocio, dan empleo a menos de 10 personas.
Si además se toma como referencia la evolución del registro de patrones que tiene el IMSS, se puede afirmar que la gran mayoría de esos nuevos micronegocios se encuentran caracterizados por la informalidad.
Son negocios creados ante la emergencia económica por quien perdió su empleo y no encontró una nueva alternativa laboral. Representan una salida de emergencia que no les da acceso a la seguridad social y a un sistema de pensiones.
El Coneval señala el efecto de lo planteado: el aumento de la pobreza laboral, es decir, un incremento histórico en el número de personas que, a pesar de tener empleo, no perciben el ingreso económico suficiente para adquirir una canasta alimentaria. No tienen para comer bien todos los días.
En conjunto, los resultados presentados por el INEGI y el Coneval señalan el grado de precarización social y productiva causado por la recesión, constituyen dos caras de la misma moneda.
El caso de la quiebra de las empresas tiene un mensaje adicional: México tendrá menor capacidad para generar empleo formal porque hay menos empresas que inviertan.
Además, estados como Quintana Roo, Campeche, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, la Ciudad de México, entre otros, perdieron más del 25% de su empleo y el 20% de sus empresas, por lo enfrentarán los desequilibrios más fuertes.
En esencia, los resultados de ECOVID-IE y el aumento de la pobreza laboral resumen el resultado de la estrategia adoptada para enfrentar la recesión exacerbada por el Covid-19.
Para revertir lo anterior, y evitar que el daño estructural inhiba la estabilidad y el desarrollo de México, es oportuno generar un entorno más favorable para la inversión productiva. Certidumbre y diálogo son parte del camino.
Nuevas estrategias de desarrollo permitirían fortalecer a los sectores con capacidad real para acelerar el crecimiento económico.
Un programa de desarrollo industrial le daría la dirección adecuada porque permitiría aprovechar las oportunidades del T-MEC al mismo tiempo que combate los rezagos estructurales de infraestructura, energía, innovación, productividad y pobreza.
El resultado sería bienestar social con sólidas bases productivas, un resultado que no se ha logrado alcanzar durante décadas.
