En términos laborales, México se ha constituido en el paraíso de la informalidad.
Durante los últimos 40 años la precarización del mercado laboral ha desbordado tanto el marco institucional y como el sistema productivo nacional.
La profunda recesión global causada por el Covid-19 arribó a una nación que enfrentaba el desafío de superar problemas de pobreza y marginación que tienen su origen en la falla estructural de su mal desempeño económico y de la consecuente precarización del mercado laboral.
Hasta el primer trimestre del año, las estadísticas del INEGI mostraban que menos del 10% de los mexicanos tenía un ingreso superior a tres salarios mínimos.
La situación era más inquietante al considerar que las personas ocupadas que recibían más de 5 salarios mínimos no superaban el 3% de los 54.5 millones de mexicanos con ocupación.
¿Qué ocurrió con la crisis causada por el Covid-19? Se agudizó la crisis del empleo en México.
¿Cómo se puede entender que sólo 19.5 millones de trabajadores ocupados tengan acceso a la seguridad social (de acuerdo al IMSS) y que no se cumpla la ordenanza legal en la materia para 30 millones de personas con ocupación y empleo?
La respuesta es simple: el avance de la informalidad y de las condiciones críticas de ocupación. Representan una trampa de pobreza vigente desde hace 40 años que el sistema político y la administración pública no han logrado desarticular.
En el momento más álgido de la actual crisis 12 millones de personas perdieron su fuente de ingreso laboral: de acuerdo con el Coneval dicha situación elevó la pobreza laboral al 54% de la población ocupada: a pesar de tener un empleo, más de la mitad de los trabajadores no tuvo el ingreso económico suficiente para adquirir los bienes más básicos para atender su vida diaria. Antes de la recesión la cifra rondaba el 35%. Para junio fue de 48%.
Se puede estimar que durante junio y julio aminoró la abrupta caída del sistema productivo, y la afectación que ello causa a la sociedad mexicana. Sin embargo, también es claro que el deterioro se no se detuvo: en materia laboral, las estadísticas oficiales muestran que el empleo formal sigue disminuyendo (así lo reportó el IMSS hasta julio).
Por el contrario, la informalidad y las condiciones precarias de ocupación se convirtieron en la válvula de escape (y en el acceso a una situación de pobreza estructural) para los casi cinco millones de mexicanos que regresaron a la actividad productiva.
Lo anterior se infiere de lo que ocurre por nivel salarial. El INEGI muestra que entre mayo y junio se perdieron 233 mil empleos que pagan más de tres salarios mínimos, una situación disminuye la de por sí modesta cantidad de familias que pueden aspirar a superar las condiciones de pobreza: la clase media nacional va a la baja.
Por otro lado, se elevó en 3.8 millones el número de personas que gana, en el mejor de los casos, hasta dos salarios mínimos.
¿Cómo revertir una tendencia de precarización laboral estructural que se gestó hace 40 años y que en 2020 se ha exacerba?
La respuesta se encuentra en cuatro puntos. Un Acuerdo Nacional entre los sectores público-privado-social-académico de promoción al crecimiento y desarrollo. El impulso a la confianza e inversión productiva que genere empleo formal mejor remunerado. El fomento a lo Hecho en México: sustituir importaciones en América del Norte. Un programa de Desarrollo Industrial Integral. El peso de la inercia es muy grande para medidas aisladas.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
