Antes del COVID-19, la salud de la economía mexicana se encontraba afectada tanto por una crisis estructural como por la desaceleración coyuntural (subestimada) de la industria nacional y la implementación de una estrategia que no contemplaba los retos sociales y económicos que la Industria 4.0 ha impuesto en el orbe.
En los albores del 2021 se hace tangible la factura que la sociedad mexicana deberá pagar por la recesión que el COVID-19 ha generado.
El mercado laboral muestra las señales claras de los efectos sociales de la recesión. Además de la desocupación, lo que debe puntualizarse es la precarización en las condiciones de trabajo de los trabajadores mexicano, una situación que también refleja el árido entorno en el que se encuentra la mayor parte de las empresas.
En esencia, las condiciones de precariedad se han exacerbado a pesar de la reactivación y reapertura de la economía mexicana y en donde las exportaciones no tienen la fortaleza suficiente para revertir la debilidad del mercado interno.
De acuerdo con el INEGI, en el mes de marzo el 57.4% de la población ocupada se encontraba en la informalidad, es decir, hay un incremento de 466 mil personas en dicha situación.
De igual forma se observa la persistencia en las condiciones críticas de dicha ocupación: el INEGI señala que el 27.1% de la población con empleo lo hace afectado por dicha situación.
Por su parte, la tasa de subocupación se mantiene en niveles superiores a lo observado antes de la pandemia: los mexicanos necesitan dos o más empleos para poder alcanzar un ingreso que les permita satisfacer algunas de las necesidades básicas de su familia.
¿Cuál es la consecuencia? Los factores citados constituyen elementos básicos para entender el por qué la pobreza laboral va en aumento
Al mismo tiempo, lo descrito permite comprender el por qué las estadísticas de comercio al por menor siguen presentando caídas a tasa anual, es decir, durante los primeros meses del año la actividad económica asociada a los requerimientos más básicos de los hogares exhibe señales de debilidad
En febrero la información del INEGI expuso que los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas vinculadas al comercio al por menor retrocedieron (-) 6.3% respecto al mismo mes del año pasado y que el personal ocupado por las mismas tuvo una caída de (-) 3 9%
Dicho entorno incidió en una contracción de las remuneraciones medias que pagan a sus trabajadores.
Cuando se observa la información estatal, se puede observar que sólo 5 entidades de la república lograron evitar la espiral negativa: en 26 hubo una disminución y en el caso de Guerrero no hubo cambio.
En consecuencia, las cifras del INEGI muestran que la inercia de la recesión sigue presente en la mayor parte de los estados del país, un hecho que ha incidido profundamente en las condiciones de un mercado laboral que se había precarizado durante las últimas décadas y al que la aparición del COVID-19 llevó a una nueva condición de marginalidad: aún hay 2 millones de personas que siguen sin recuperar el empleo perdido por la pandemia.
La alternativa para enfrentar esta nueva realidad radica en incrementar la inversión y la capacidad productiva interna, fundamentalmente en el sector industrial, el único que puede atender tanto la competencia global como los rezagos del mercado interno: es el momento de implementar una política industrial que represente la verdadera acta de defunción de un modelo neoliberal que en la sombra sigue causando estragos en el país.
