El modelo económico de México enfrenta retos que definirán su rumbo durante los siguientes meses.
Durante la semana previa la inflación dio muestras de que su ascenso aún no termina, el 8% contabilizado durante el mes de junio no sólo fue el mayor durante 21 años, también vino acompañado por un incremento de 10.5% en los precios que enfrentan los productores, es decir las empresas.
La inferencia inmediata es que ello implicará una presión para el Banco de México respecto a la decisión que deberá de tomar en agosto próximo sobre la magnitud del alza en las tasas de interés. La pregunta real es sobre sí el banco central aplicará otro aumento de 75 puntos base o si será mayor.
La duda surge porque la calificación de la deuda de México vivió vaivenes en los últimos días. Por un lado, S&P mantuvo su calificación y mejoró su perspectiva al considerarla como estable aunque enfatizó que parte de su decisión se fundamentó en que ya no se percibe como algo factible que se puedan hacer cambios constitucionales en tema económicos sensibles.
Por su parte, Moody´s disminuyó su calificación argumentando algo que ya se había comentado en este espacio: el bajo crecimiento económico del país y el aumento en las tasas de interés afectarán la sostenibilidad de la política fiscal: para la calificadora existen dudas sobre si los ingresos del sector público serán suficientes para enfrentar sus compromisos financieros. ¿Qué pasará cuando se evalúen los pasivos contingentes?
La capacidad de pago tiene una estrecha vinculación con los ingresos tributarios que el sector público recibe gracias a la actividad productiva de empresas, trabajadores y del propio gobierno, un factor que depende del crecimiento económico.
En este sentido no es favorable que la mayor parte de los pronósticos ubiquen el desempeño del PIB en menos de 1.7% en 2022 y en un rango inferior al 2% durante el 2023: para Moody´s la dinámica del PIB será insuficiente para enfrentar en entorno en donde las tasas de interés oscilen alrededor del 10%, algo factible tanto por el ascenso de la inflación doméstica como por la incertidumbre existente a nivel internacional en temas sensibles para México como lo son energéticos y alimentos.
Adicionalmente se debe considerar que la economía mexicana recibirá los efectos de la desaceleración global que se vive en las manufacturas, el corazón de las exportaciones: 19 de las 29 mayores economías mundiales tienen variaciones negativas en sus nuevas ordenes de exportación al mismo tiempo que la industria de la Unión Europea se encuentra en franco declive.
A esto último se debe agregar la postura crítica que la National Association of Manufacturers de Estados Unidos expresó al presidente Biden respecto a sus diferencias con la instrumentación del T-MEC en México; un planteamiento que fue parte de los argumentos que la Representante Comercial de aquel país utilizó en Vancouver en su diálogo con las autoridades mexicanas en la evaluación del funcionamiento del acuerdo.
Así, México no solo enfrentará la desaceleración de la economía estadounidense y de las manufacturas globales, también deberá hacerlo respecto a la percepción de sus socios en materia energética, agrícola, laboral, de manufacturas, derechos de propiedad, reglas de origen y ambiental, principalmente.
Para superar los desafíos descritos México tendría que plantear una estrategia de política económica integral que eleve la productividad en sectores tractores de la economía que al mismo tiempo promuevan una mayor integración en América del Norte. De no hacerlo quedará a expensas de las presiones de sus socios económicos y de los límites de la política monetaria para enfrentar la inflación.
