México tiene la oportunidad de enfrentar la nueva realidad que se ha generado en la economía nacional y global si pondera adecuadamente los retos que creados a raíz de la recesión que se enfrenta.
La reconstrucción de la economía puede avanzar a través de la ruta del desarrollo industrial para generar un entorno de inversión productiva que revierta los efectos estructurales de una minusvalía productiva que trascendió el 2020 y que ha llevado a un nuevo retroceso del PIB en el primer trimestre del 2021.
La inercia de la herencia del modelo neoliberal, esperar los efectos de la reactivación de la economía de Estados Unidos o el gasto social asistencial no serán suficientes para superar los desafíos de la nueva realidad estructural que vive el país.
Hay tres mensajes que se deben considerar después de considerar las cifras oficiales que se han generado durante el primer trimestre del año.
El primero es la desaparición de un millón de establecimientos en la economía mexicana, algo que muestra no solo la magnitud de la contracción económica en la coyuntura, también implica la reducción en la capacidad de creación de empleo e inversión que el sistema productivo tendrá en el corto y mediano plazo.
El segundo es que la pandemia de COVID-19 y la crisis económica asociada provocaron que 5.2 millones de estudiantes abandonaran sus estudios en el presente ciclo escolar, fundamentalmente en el sistema de educación público.
Si bien aún no se cuenta con la información suficiente para cuantificar si el efecto será temporal o permanente, ya es tangible que esta situación representa una distorsión para la razón de ser del sistema educativo porque restringe la inclusión y movilidad social: 5.2 millones de niños y jóvenes no adquieren los conocimientos que van a requerir para enfrentar los desafíos laborales, de emprendimiento y de convivencia social que se requieren en un momento de alta innovación, progreso tecnológico, competencia, menor generación de empleo y de cambio estructural causados por la recesión iniciada en 2019 y llevada al extremo por el COVID-19.
El tercer aspecto a considerar es un primer trimestre con caída económica atribuible a la nueva realidad del sistema productivo: menor capacidad sistémica para generar crecimiento económico.
El resultado negativo del Indicador Global de Actividad Económica de enero (- 4.2%) no fue un hecho aislado durante el inicio del 2021. De acuerdo con INEGI y su Indicador Oportuno de Actividad Económica, durante febrero se tienen indicios de un retroceso que osciló alrededor del (-) 4.0%.
Por ello se observaron cifras negativas en el comercio al por mayor y al por menor durante enero pasado y una baja generación de empleo formal registrado en el IMSS para el bimestre enero-febrero.
La consecuencia es un debilitamiento estructural del mercado interno que se asociará con la reducción del consumo privado de (-) 10.4% observada durante el 2020. Tan solo ese hecho es un freno para el 65% del PIB de México.
Con la desaparición de empresas antes citada y la reducción del Ahorro Bruto (- 711 mil millones de pesos) reportada por el INEGI en el 2020, se modera aún más dicha capacidad de crecimiento.
El reto no es menor, pero México puede revertir la tendencia estructural descrita si implementa una estrategia diferente, una enfocada al desarrollo industrial del siglo XXI: que promueva el bienestar social a través del fortalecimiento de sus bases productivas internas con parámetros de competitividad y productividad global. No hay otro camino.
