El Estado mexicano tiene una deuda histórica con su sociedad: pobreza y marginación son el corolario de sus fallas.
Inseguridad pública, baja calidad educativa, infraestructura rezagada, limitado acceso a los servicios de cuidado a la salud y una administración pública que no genera valora agregado han conformado un aparato gubernamental que consume recursos millonarios pero que no puede resolver los rezagos históricos que enfrenta el país.
El siglo XXI no ha sido la excepción. La crisis del 2009 aumentó la deuda social. La recesión del 2019-2020 también lo hará.
Durante las últimas dos décadas el gobierno contó con tres billones de pesos de ingresos excedentes que no revirtieron la tendencia de la precarización: los programas sociales asistenciales se enfrentan al tsunami creado por cada crisis económica y no hay forma que puedan superarlo si el país no cuenta con la capacidad de generar lo que la ONU ha llamado “inserción productiva”: crear oportunidades de desarrollo social en función del crecimiento económico no implica renunciar a atender los derechos humanos. Simplemente lo hace sostenible.
En pocas palabras: la estrategia social asistencial no puede subsanar la pérdida de bienestar causada por estrategias de política económica erróneas que causan desempleo.
México ha sido el ejemplo perfecto de lo que Joseph Stiglitz señaló al inicio del siglo XXI: se tiene a la generación de funcionarios con la mejor preparación de posgrado que las universidades pueden dar a nivel mundial; a pesar de ello se ha contabilizado la mayor cantidad de crisis económicas. México vive la novena recesión en menos de 40 años.
Sin una visión compartida y acuerdos que generen consensos y certidumbre de largo plazo no se podrá resolver lo que México no ha logrado durante toda su historia; particularmente en un Estado que se reinventa cada seis años pero que no logra solventar los rezagos en los que vive su población.
Los últimos 20 años se han convertido en la extensión de lo que Soledad Loaeza llamó el “siglo de la insatisfacción” para referirse al siglo XX: “el cambio fue una obsesión colectiva”.
“La urgencia del cambio no se explica porque no ocurriera, sino porque había ocurrido de manera desigual, desequilibrada y espasmódica” sentencia Loaeza.
¿Qué significa?: los cambios se dieron, pero los resultados no construyeron progreso y desarrollo sostenibles para la sociedad mexicana.
Básicamente se confirmó lo que Daniel Cosío Villegas vislumbró hace más de 70 años respecto a los “hombres de la Revolución Mexicana”: “han resultado inferiores a las exigencias de ella”.
La administración pública requiere habilidades y capacidades diferentes a las inherentes al quehacer de la política mexicana. Para construir un Estado de Bienestar es necesario contar con una administración pública eficaz: orientada a resultados y evaluación.
Durante el 2020, México enfrenta un cambio estructural, el producto derivado de una recesión económica gestada desde el 2019 y exacerbada por la aparición del Covid-19.
Como lo señaló Loaeza para el siglo XX: el cambio vendrá, lo verdaderamente relevante versa sobre cuál será el resultado.
¿Será distinto a lo ocurrido en los últimos 100 años o se agregará a la deuda social y económica existente? ¿Exacerbará la austeridad sistémica en la que viven 61 millones de mexicanos y casi 5 millones de empresas?
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
