El pasado miércoles fuimos sorprendidos con una nueva iniciativa en el Senado: ante los amparos y revocaciones de dos jueces a las reformas de la Ley en materia energética, el Prejidente de México, Andrés López, pretende hacer modificaciones al Poder Judicial.
No hemos de omitir la polémica entre poderes gubernamentales respecto al limitado margen de operación que la actual administración ha pretendido implantar al Poder Judicial: escasa autonomía respecto del Poder Ejecutivo; de tal suerte que dos jueces determinaron que los elementos de ejecución de la reforma eléctrica se consideraron fuera del orden constitucional y se emitió la suspensión de ejecución de procedimientos procedentes a una reforma que resultó en contra de los mandatos de la Carta Magna.
Es así que hace unos meses, el Poder Legislativo recibió del Ejecutivo la propuesta de reforma al sistema de electricidad de nuestro país, de la que el Prejidente señaló claramente que no se le movería ni una coma, y así fue… como la recibieron, la aprobaron.
En vista de lo anterior y ante la interrupción de las acciones procedentes para implementar la reforma determinadas en primera instancia´ por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, se desató la ira prejidencial, solicitando la investigación sobre el actuar del atrevido juzgador…
Al respecto y prácticamente en forma inmediata, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló en su cuenta de Twitter: “Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF (Consejo de la Judicatura Federal) garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.
Luego del diferendo los jueces que han ordenado suspensiones a la Ley Eléctrica, se pretende establecer diversas sanciones en afán de sancionar lo que el mismo López Obrador califica como nepotismo de jueces y magistrados, al grado de llegar a la inhabilitación por hasta de 20 años en el caso de faltas graves, entre los que destacan violaciones graves a los derechos humanos.
Sin embargo, López Obrador ha amenazado: en caso de que se otorguen más amparos, se contempla ya una reforma constitucional: “Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan el juez, magistrados, ministros, que es inconstitucional, y que no puede proceder enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución. No puedo ser cómplice del robo, del atraco (...) Más que se vayan acostumbrando porque nosotros somos muy perseverantes…”, sentenció.
Aferrado, como lo es, a la obtención de votos vía el discurso de proteger a la población más vulnerable, además de manifestar su molestia, declara su disposición a hacer todo lo necesario para defender “su Ley” de la Industria Eléctrica, a sabiendas de que cuenta con el Poder Legislativo de su lado.
Sabemos la relevancia de mantener la división de los poderes como un elemento de fortaleza y confianza respecto al sistema de nuestra democracia que tanto nos ha costado; no podemos ni debemos permitir el retorno de un sistema unipersonal de gobierno, que tantas y tan malas consecuencias nos ha dejado. Está en puerta un complicado y profundo proceso electoral. Aboguemos pues por el entendimiento y la razón Señor Prejidente. Así sea…
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