Por Gabriela Mora Guillén
Es cierto que el presidente Andrés López intenta reducir el poder de otros actores, incluyendo la sociedad civil, para concentrarlo esencialmente en el Ejecutivo federal, o sea en él. Lo hemos visto con la desaparición de los fideicomisos, la idea de omitir órganos autónomos, y al eliminar instituciones de control; pero, además, baste observar su reacción en cuanto a irritación y negligencia respecto al actuar de sus oponentes políticos y/o sociales…
La cosa es que tal parece que el presidente está decidido a que México vuelva a ser un país presidencialista, bajo un régimen francamente dirigido por el Estado, evidentemente tutelado por el Ejecutivo federal, lo que sus adversarios han -hemos- interpretado como autoritarismo y antidemócrata.
En un intento por comprender la actitud Lopezobradorista, se entiende la actitud presidencial pensando en que las instituciones “democráticas” construidas bajo los regímenes neoliberales cuestan al erario y han resultado insuficientes para limitar los excesos de los funcionarios, finalmente cómplices de un proceso de democratización; sin embargo, no podemos omitir la corrupción, el abuso, la desigualdad, la injusticia, etcétera generada en varios ámbitos de estos organismos.
Ante la posibilidad de que órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica -COFECE- y el Instituto Federal de Telecomunicaciones -IFT- sean absorbidos por Secretarías de Estado, el sector empresarial manifiesta que ello representaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control.
Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC), señaló que llevar a los órganos autónomos al seno de las secretarías de Estado significaría convertirlos en unos órganos políticos, por lo que perderían la razón de ser por la que fueron creados que es tomar decisiones técnicas: “la Cofece, ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos, y ha logrado beneficios por aplicación de la ley que ascienden a los 20.5 millones de pesos. Además, ha impuesto multas superiores a los 6 mil millones de pesos; por su parte, el IFT, desde su creación ha logrado reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos en beneficio de los consumidores.
El nuevo paquete de iniciativas de reforma a la Constitución para la modificación de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados sería enviado al Congreso de la Unión de cara al nuevo periodo legislativo previsto para el 15 de enero, anunció el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. En él, cuyo objeto sería “ajustar el marco legal a la nueva realidad” estaría la revisión del marco legal para modificar además de Cofece y el IFT, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); órganos desconcentrados como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), o descentralizados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o el Centro Nacional de Control de Energía.
Jorge Fernando Negrete, director de Digital Policy Law, dijo que la propuesta en lugar de ahorrar dinero, se traduciría en caídas en inversión y pondría un precio al derecho constitucional de los usuarios como el acceso al internet: “Estaríamos ante la tontería más grande de detener las inversiones por la incertidumbre que va a generar la nueva ley”, comentó.
Se intuye que la pretensión de López Obrador es otorgarle al poder político, actualmente en sus manos, la capacidad para modificar un estado de cosas que ha funcionado a favor de unos cuantos privilegiados, lo cual, según él, solo se conseguirá bajo un poder central identificado con el interés de los pobres.
¿Rumbo al Neo -comunismo???
gamogui@hotmail.com
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