El gobierno federal, el sector empresarial y representantes de trabajadores aplazaron hasta febrero de 2021 la iniciativa de reforma que busca regular el outsourcing en México como método de subcontratación laboral, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, con lo que se pretende el comienzo de una campaña de concientización para aminorar las prácticas de la subcontratación que en algunas ocasiones no cumplen con las prestaciones de ley.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) harán un llamado formal a los empresarios para que, de encontrarse irregularidades o posibles comisiones de delitos, procedan de inmediato a regularizarse para cumplir con la ley.
La propuesta de reforma consiste en la regulación de tres figuras: la subcontratación -consiste en que una persona proporcione trabajadores propios en beneficio de otra-; los servicios especializados que no formen parte del objeto social, los cuales requerirán una autorización de la Secretaría del Trabajo y formarán parte de un padrón público; y tratar que los agentes de colocación puedan intervenir en el proceso de reclutamiento, entrenamiento y capacitación, pero el intermediario no se considerará patrón.
Evidentemente la eliminación del outsourcing en México a principios del 2021 es un tema complicado y debe ser paulatina dado que si se da de inmediato, las empresas no cuentan con la capacidad administrativa y financiera para hacerse cargo de los empleados de subcontratación puesto que ya no pagarán el gasto general, ahora tendrán que cumplir con el Seguro Social, con el Infonavit, con la nómina y todo lo que concierne a sus derechos.
Sabemos que la subcontratación o tercerización en el mundo empresarial consiste en un proceso mediante el que una entidad contrata a otra externa para llevar a cabo actividades operativas específicas -informática, recursos humanos, contabilidad o algún otro servicio; sin embargo, por la falta de cumplimiento en sus obligaciones con los trabajadores y en pago de impuestos, el gobierno federal busca eliminar esa figura… un mal momento para ello, máxime ante la situación económica y financiera generada por la situación de pandemia de COVID-19: algunas empresas comienzan a recuperarse, por lo que seguramente tendrán dificultades para afrontar el costo que esto generaría para ellas.
Por el momento, los organismos cúpula del sector privado han rechazado la iniciativa del Ejecutivo Federal, señalando que con ella se pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos formales que dan sustento a miles de familias mexicanas. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) han declarado que la aprobación de esas reformas, dañaría la competitividad del País y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas: “Ante ello, hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”.
Además, arguyeron el rechazo a la iniciativa con la que se pretende estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización, concluyen.
Esperemos pues las reacciones que al respecto habrán de suceder en un futuro cercano.
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