Por su valor y trascendencia, la educación siempre ha estado en el centro de la atención nacional. Sin una educación de calidad, no será posible ofrecer a los niños y jóvenes un mejor futuro, ni oportunidades para su desarrollo y realización personal y profesional, ni mucho menos fomentar y recrear los valores éticos y democráticos que hagan de ellos unos buenos ciudadanos.
Sin una educación de calidad, tampoco será posible respaldar el desarrollo y el progreso del país en una era dominada por la tecnología y el conocimiento. En la educación seguirán estando depositadas nuestras esperanzas para dar la batalla contra la pobreza, la desigualdad, la violación de los derechos humanos o la discriminación, lo mismo que para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y generar ambientes en donde la corrupción y la impunidad no tengan cabida.
No hay otro camino ni otra salida más que creer e invertir en educación.
En los procesos electorales, cada fuerza y cada actor político ofrecen propuestas las cuales van desde mantener el actual modelo, emprender una segunda etapa de reforma, hasta quienes proponen desmontar todo y comenzar de cero para hacer frente a los desafíos educativos.
En lo personal, respeto cada posición y celebro el amplio consenso nacional respecto a la urgencia de elevar la calidad educativa. Sin embargo, quisiera que no perdiéramos de vista dos factores fundamentales: el país no se puede estar reiventando cada seis años en materia educativa y alguien debe dar la cara por la ausencia de resultados.
Lo anterior nos conduce a una premisa constantemente reiterada y comparto todas las posiciones que coinciden en este punto- que la educación debe ser asumida como una cuestión de Estado, como una Política de Estado,
En el tema educativo necesitamos un proyecto de largo plazo, pues sólo en el largo plazo se pueden apreciar sus avances. Por ello, en lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es garantizar que la política educativa permanezca más allá de un gobierno o un sexenio determinado. No quiero decir con esto que estoy a favor de la continuidad de la actual reforma, pues ésta responde a los intereses del gobierno en turno y adolece de múltiples
fallas. Al hablar de una política educativa de estado, me refiero a que la educación ha carecido de un diseño que la ponga a salvo de los vaivenes de los cambios de gobierno.
La otra razón que hace necesaria la definición de una política con visión de estado es la Rendición de Cuentas. Señalo un ejemplo concreto: la semana pasada se dieron a conocer los resultados de la prueba Planea 2017 aplicada a alumnos de tercer grado de secundaria. El 64.5 de los estudiantes no sabe resolver problemas con fracciones o decimales y el 33.8 tiene dificultades para entender textos literarios complejos.
En su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2017-18, la UNES- CO, señala que ante los retos que enfrentan los sistemas educativos, la opinión pública quiere saber quién es el responsable de las decisiones. Que cuando los sistemas fallan, la gente demanda que alguien rinda cuentas y sobre todo, que se adopten mecanismos para aplicar medidas correctivas, que se corrija el rumbo.
Sin embargo, hasta ahora nadie ha rendido cuentas de los malos resultados de Planea. Tal parece que nadie tiene responsabilidad por los bajos aprendizajes de nuestros alumnos.
En el tema educativo necesitamos un proyecto de largo plazo, pues solo en el largo plazo se pueden apreciar sus avances. Por ello, en lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es garantizar que la política educativa permanezca más allá de un gobierno o un sexenio determinado.
Presidente de la Academia Mexicana de Educación
