Por: Daniel Ávila Ruiz
La liberación de los precios de las gasolinas, de acuerdo con la oferta y demanda, tenía como propósito la competencia entre los diferentes expendedores de combustibles. Ello con el fin de alentar la competencia y que llegarán al país nuevas compañías que invirtieran y crearan empleos. Sin embargo, desde inicio de año los costos de estos combustibles se han incrementado hasta 9%. Hoy los consumidores pagamos un peso más por litro, sin que las autoridades den una explicación convincente al ciudadano.
Este proceso inflacionario ha afectado a la economía nacional, pues se registró una tasa de inflación anual de 5.5% al mes de enero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estos datos no son sólo números, sino simbolizan el sufrimiento y angustia de madres y padres de familia, trabajadores, estudiantes, adultos mayores y, en general, de toda la sociedad, pues ahora debemos realizar verdaderos milagros y esfuerzos de austeridad para poder salir adelante con los gastos familiares.
Estamos frente a una pauperización de las condiciones de vida de los mexicanos, por lo que hay mayor riesgo de caer en situación de pobreza. Y todo ello, como lo he señalado con anterioridad, es consecuencia de la reforma energética. Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en noviembre de 2017, advirtió que con la liberalización de gasolinas no se permitirían alzas abruptas en el precio de estos hidrocarburos, lo cierto es que en la Ciudad de México el litro de premium está cerca de 20 pesos y la magna en 18.
Cabe destacar que los costos por litro de estos energéticos incluyen un subsidio por parte de la SHCP, lo que reduce el impacto negativo tanto para el consumidor como para la inflación. Sin embargo, debido a la vinculación con los precios de hidrocarburos en Estados Unidos, este estímulo que ofrece la Secretaría implica una caída en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que a un mayor precio del combustible la dependencia deja de captar recursos para inyectar apoyos, lo que merma los recursos públicos y puede afectar a otros sectores sociales.
En ese sentido, la reforma energética sólo será exitosa si trae beneficios concretos a la población, como la posibilidad de elegir el menor precio por litro de combustible en su zona de residencia. Es necesario que dependencias, como la Secretaría de Economía o la Procuraduría Federal del Consumidor, vigilen que sea la ley de la oferta y demanda las que influyan en el costo del producto e impedir abusos por parte de los comerciantes de hidrocarburos.
Es necesario garantizar costos competitivos para los consumidores a fin de cuidar la economía de las familias y de los usuarios de transporte público. El gobierno tiene que garantizar la movilidad y el desarrollo del mercado interno.
Senador por el PAN
