/ viernes 8 de febrero de 2019

Eficacia y confianza

El INE va a organizar completamente la elección de la gobernatura del estado de Puebla. Esta decisión se sustentó, esencialmente, en dos elementos necesarios para la organización y conducción de los procesos electorales: eficacia y confianza.

Para explicar la eficacia, es importante señalar los hechos que dieron origen a la decisión. El 24 de diciembre del año pasado, a pocos días de haber tomado posesión del cargo, falleció en un accidente aéreo la Gobernadora de Puebla. Ante dicha situación excepcional, el Congreso local designó a un gobernador interino y posteriormente emitió la convocatoria del proceso electoral extraordinario.

Por disposición constitucional local, la elección extraordinaria debe realizarse en un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 5 a partir de la fecha de emisión de la convocatoria. En cumplimiento a ello, el Congreso local al expedir la convocatoria respectiva fijó que la jornada electoral debía realizarse el 2 de junio.

Para darnos idea de la complejidad que implica la celebración de un proceso extraordinario, hay que señalar que la organización de un proceso electoral en condiciones ordinarias es de 9 meses. Para esta elección, el INE debe realizar todas las actividades en 4 meses.

En ese corto tiempo, la autoridad administrativa está obligada a llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades: a) actualización de la lista nominal de electores, esto es, determinar quienes están en posibilidad de ejercer el voto por contar con su credencial para votar con fotografía, b) designación y capacitación de ciudadanas y ciudadanos que estén dispuestos a participar como integrantes de mesas directivas de casilla, c) garantizar que se cumplan las actividades propias para el desarrollo de precampaña (selección de candidaturas de partidos políticos y coaliciones), campañas y de debates entre candidaturas, d) diseño e implementación de sistemas informáticos para la jornada electoral; e) implementación de programas de resultados preliminares, f) entrega de las prerrogativas a los partidos políticos y g) fiscalización de los recursos que se ejerzan en todo el proceso electoral por parte de partidos políticos y candidaturas.

La ejecución de dichas tareas implica una carga adicional de trabajo para la estructura del INE, que de por sí ya está cargada por las actividades que debe realizar para los otros procesos electorales que se están desarrollando en otras entidades federativas. Vale la pena recordar que en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas también habrá jornada electoral el 2 de junio.

Así resulta evidente que asumir la elección extraordinaria tiene sustento en criterios de eficacia (muchas actividades en poco tiempo con alto nivel de calidad) que han sido verificados en otros procesos de igual naturaleza, tal como ocurrió en Colima (gobernatura) y en un distrito en Aguascalientes.

Por lo que hace a la confianza (segundo elemento), es necesario señalar dos condiciones para su consecución. Para nadie es desconocido que el proceso electoral de 2018 en Puebla tuvo elementos que generaron un encono social relevante. Esto es, hubo señalamientos de intervención de poderes estatales en la elección, se presentaron hechos aislados de violencia en la entidad, se acreditaron jurisdiccionalmente irregularidades en el desempeño del instituto local (custodia de los paquetes electorales), lo que desencadenó en la realización de un recuento total de votos por instrucciones del TEPJF.

Los hechos ocurridos durante el proceso electoral del año pasado en Puebla, sí colocan al Instituto Nacional Electoral, en su carácter de institución rectoral del sistema electoral mexicano, en una posición destacada para que esas condiciones no se repitan en la organización del proceso electoral extraordinario.

Adicionalmente, también se valoró el contexto político. En días previos a la decisión, las dos fuerzas políticas que puntearon los resultados de la elección local pasada (MORENA y el Partido Acción Nacional), solicitaron que el INE asumiera la organización del proceso electoral. También el Congreso Local, con el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en éste, exhortaron a la autoridad electoral nacional a realizar lo conducente. Dichos actos reflejan la confianza que tienen las fuerzas políticas en el INE para la conducción y organización de los procesos electorales.

La decisión de asumir la elección a la gobernatura de Puebla asegura a las y los poblanos que los comicios estarán organizados por una autoridad autónoma e independiente que desde hace 28 años rige sus actuaciones en estricto apego a la legalidad. ¿Ello reduce la autoexigencia de cumplir la ley por parte de la ciudadanía, los poderes locales y partidos políticos? Definitivamente no. Precisamente por las razones que dieron motivo a la decisión del INE, concluyo que ese deber se encarece. Ya veremos cómo se comportan en esta nueva etapa.

Jefe de oficina de la Presidencia del INE.

@ebuendiaz

El INE va a organizar completamente la elección de la gobernatura del estado de Puebla. Esta decisión se sustentó, esencialmente, en dos elementos necesarios para la organización y conducción de los procesos electorales: eficacia y confianza.

Para explicar la eficacia, es importante señalar los hechos que dieron origen a la decisión. El 24 de diciembre del año pasado, a pocos días de haber tomado posesión del cargo, falleció en un accidente aéreo la Gobernadora de Puebla. Ante dicha situación excepcional, el Congreso local designó a un gobernador interino y posteriormente emitió la convocatoria del proceso electoral extraordinario.

Por disposición constitucional local, la elección extraordinaria debe realizarse en un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 5 a partir de la fecha de emisión de la convocatoria. En cumplimiento a ello, el Congreso local al expedir la convocatoria respectiva fijó que la jornada electoral debía realizarse el 2 de junio.

Para darnos idea de la complejidad que implica la celebración de un proceso extraordinario, hay que señalar que la organización de un proceso electoral en condiciones ordinarias es de 9 meses. Para esta elección, el INE debe realizar todas las actividades en 4 meses.

En ese corto tiempo, la autoridad administrativa está obligada a llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades: a) actualización de la lista nominal de electores, esto es, determinar quienes están en posibilidad de ejercer el voto por contar con su credencial para votar con fotografía, b) designación y capacitación de ciudadanas y ciudadanos que estén dispuestos a participar como integrantes de mesas directivas de casilla, c) garantizar que se cumplan las actividades propias para el desarrollo de precampaña (selección de candidaturas de partidos políticos y coaliciones), campañas y de debates entre candidaturas, d) diseño e implementación de sistemas informáticos para la jornada electoral; e) implementación de programas de resultados preliminares, f) entrega de las prerrogativas a los partidos políticos y g) fiscalización de los recursos que se ejerzan en todo el proceso electoral por parte de partidos políticos y candidaturas.

La ejecución de dichas tareas implica una carga adicional de trabajo para la estructura del INE, que de por sí ya está cargada por las actividades que debe realizar para los otros procesos electorales que se están desarrollando en otras entidades federativas. Vale la pena recordar que en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas también habrá jornada electoral el 2 de junio.

Así resulta evidente que asumir la elección extraordinaria tiene sustento en criterios de eficacia (muchas actividades en poco tiempo con alto nivel de calidad) que han sido verificados en otros procesos de igual naturaleza, tal como ocurrió en Colima (gobernatura) y en un distrito en Aguascalientes.

Por lo que hace a la confianza (segundo elemento), es necesario señalar dos condiciones para su consecución. Para nadie es desconocido que el proceso electoral de 2018 en Puebla tuvo elementos que generaron un encono social relevante. Esto es, hubo señalamientos de intervención de poderes estatales en la elección, se presentaron hechos aislados de violencia en la entidad, se acreditaron jurisdiccionalmente irregularidades en el desempeño del instituto local (custodia de los paquetes electorales), lo que desencadenó en la realización de un recuento total de votos por instrucciones del TEPJF.

Los hechos ocurridos durante el proceso electoral del año pasado en Puebla, sí colocan al Instituto Nacional Electoral, en su carácter de institución rectoral del sistema electoral mexicano, en una posición destacada para que esas condiciones no se repitan en la organización del proceso electoral extraordinario.

Adicionalmente, también se valoró el contexto político. En días previos a la decisión, las dos fuerzas políticas que puntearon los resultados de la elección local pasada (MORENA y el Partido Acción Nacional), solicitaron que el INE asumiera la organización del proceso electoral. También el Congreso Local, con el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en éste, exhortaron a la autoridad electoral nacional a realizar lo conducente. Dichos actos reflejan la confianza que tienen las fuerzas políticas en el INE para la conducción y organización de los procesos electorales.

La decisión de asumir la elección a la gobernatura de Puebla asegura a las y los poblanos que los comicios estarán organizados por una autoridad autónoma e independiente que desde hace 28 años rige sus actuaciones en estricto apego a la legalidad. ¿Ello reduce la autoexigencia de cumplir la ley por parte de la ciudadanía, los poderes locales y partidos políticos? Definitivamente no. Precisamente por las razones que dieron motivo a la decisión del INE, concluyo que ese deber se encarece. Ya veremos cómo se comportan en esta nueva etapa.

Jefe de oficina de la Presidencia del INE.

@ebuendiaz

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