Por. Luis Carlos Sánchez Díaz
Esta semana, 6 policías fueron masacrados en Calera, Zacatecas. Este caso se suma a los más de 300 policías que han sido asesinados durante lo que va del año y a los 1,725 del actual sexenio. A pesar de que el país vive una inseguridad crónica, muchos gobiernos han decidido abandonar a las corporaciones policiacas y prefiriendo la vía militar.
Causa en Común, el Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización, el colectivo Seguridad sin Guerra y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, presentaron el informe “Policías al grito de guerra: ser policía en una corporación militar”, el cual retoma testimonios de ex integrantes de la Guardia Nacional y describe el abandono y los agravios a derechos que han vivido las y los ex policías federales al interior de la corporación, por parte de mandos militares.
En México se profundiza el proceso de militarización y cada vez se aleja de un proyecto de seguridad pública civil. Datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022 realizado por el INEGI, nos brinda ejemplos de este progresivo abandono que atraviesan las policías en nuestro país.
El primer ejemplo, es el avance de los militares en corporaciones de seguridad civiles, en donde 13.4% de los secretarios/as de seguridad pública estatal provienen de la SEDENA, mientras que 10.1% de la SEMAR. De igual forma, durante el 2021, 1,197 elementos de las Fuerzas Armadas se integraron a las corporaciones de seguridad estatal, 1,079 provenientes de la SEDENA y 118 de la SEMAR, la mayoría de éstos se integraron a corporaciones de Sinaloa, Nayarit y Sonora.
Y mientras que aumenta la cantidad de militares adscritos a las instituciones de seguridad pública, las entidades federativas reducen a su personal civil. Al cierre de 2021, las entidades del país registraron 221,281 miembros en corporaciones de seguridad, un 5% menos en comparación con los 231,491 de 2019. Al mismo tiempo, se ha declarado que esas 10,210 personas se separaron de sus cargos o fueron despedidas (sin justificar la razón).
Respecto a la distribución de los elementos, a nivel nacional existen 0.9 policías por cada 1000 habitantes, siendo la Ciudad de México la de mayor tasa con 3.7, mientras que Coahuila solo cuenta con 0.1. Este desbalance es brutal cuando analizamos que la CDMX cuenta con más de 88 mil personas adscritas, mientras que Baja California o Sonora tan solo cuentan con 950 y 1,792 elementos respectivamente, esto abre la posibilidad de analizar la correlación entre los niveles de incidencia delictiva y la cantidad de policías con los que cuentan las entidades para atender los delitos.
¿Pero a qué se dedica el personal adscrito?
Con relación a la función desempeñada por el personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatales, 90,425 realizaron la función de proximidad social; 64,424 de prevención; 15,582 de reacción y, 4,105 de investigación. Desafortunadamente, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Durango, Quintana Roo y Veracruz declararon que no cuentan con personal para efectuar funciones tanto de reacción como de investigación, mientras que Guanajuato y Coahuila declararon tener cero elementos que efectúan funciones de investigación. Por otro lado, solo 65,286 elementos policiales estatales contaron con Certificado Único Policial vigente, lo que significa una reducción del 34% respecto al 2020.
Los ejemplos anteriores son solo algunas muestras de la nula voluntad de todos los niveles de gobierno por desarrollar estrategias de seguridad que mejoren las capacidades de las policías, así como resulta cada vez más visible intención de fortalecer presupuestal y políticamente a las Fuerzas Armadas, abriendo con ello la puerta a posibles violaciones de derechos humanos y a la opacidad en las tareas de seguridad. Por ello, es necesario hacer un llamado a revertir el proceso de militarización a través del rescate de las policías y a la urgente necesidad de construir una verdadera institución de seguridad pública civil tal y como lo necesita nuestro país.
