Así se llama un muy interesante libro, de la autoría de Yves Déloye y Olivier Ihl, publicado por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po, 2008), en donde el aparentemente, sencillo acto de ir a la urna a sufragar, es en realidad, la base fundamental de la legitimidad de las y los gobernantes. Afirman los autores: el espacio del voto, es expresión de civilidad (pag. 351).
La parte complementaria a esa afirmación, es el indispensable apego a la legalidad en la conducción de los asuntos públicos. Así la diada legitimidad-legalidad es inseparable tanto en la teoría como en la práctica. Los desafíos que enfrentamos en estas elecciones, van en ese sentido: por una parte, garantizar, que no obstante la pandemia, la violencia criminal en algunas partes del país, el endémico abstencionismo, más la polarización y exacerbación del ambiente electoral, acuda al menos, la mitad de las y los potenciales electores, para darle la base sólida de la representación mayoritaria y por lo tanto la legitimidad.
Por la otra, mediante el apego a las leyes y reglamentos electorales, más aún en la jornada de los comicios y los días posteriores, por parte de los partidos políticos, sus candidatas y candidatos, sobre todo de sus simpatizantes, así como de las dirigencias nacionales y locales, implica respetar la voluntad de la ciudadanía, expresada con toda libertad, en las mejores condiciones de tranquilidad. Así se le aporta la parte legal a las elecciones del día de hoy.
Legitimidad y legalidad, implican sin duda, las bases más consistentes que puede tener cualquier proceso democrático. En nuestro caso, el día de hoy, comicios históricos por el número de cargos puestos a consideración de la ciudadanía, así como por el número de integrantes del padrón con derecho a votar, es que no debemos, gobiernos locales, partidos políticos, medios de comunicación, autoridades electorales y la Presidencia de la República, dejar pasar la oportunidad para seguir afianzando nuestra democracia.
Cabe recordar que en menos de 20 años, en este siglo XXI, hemos tenido tres alternancia en el Poder Ejecutivo. Y es importante subrayarlo, pues nos remite a la capacidad de gestión de instituciones y de participación ciudadana, que teniendo su origen en un sistema de partido hegemónico y propenso al autoritarismo, es mucho lo que se ha cambiado y dado sentido de normalidad democrática. Por eso la explicable y notable preocupación, por las expresiones de violencia verbal y física, que por distintas razones pueden alejar a la ciudadanía de la cita en las urnas.
Los responsables de las instituciones de la República y actores políticos, deben estar comprometidos con que la cauda de sufragios, cualquiera que sea su orientación, lleguen al su destino: seleccionar a las y los representantes. Y los derrotados, aceptar la decisión del electorado. Las impugnaciones, con razón o no, debilitan al proceso en su conjunto. Le restan legitimidad y condicionan la legalidad. Vamos a votar.
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