Recientemente se presentó el “Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado”, y ha dado de qué hablar dada la necesidad de que haya señales positivas para reactivar la economía nacional. Este documento ha generado reacciones favorables y desfavorables, y hay señalamientos de que la información tiene inconsistencias en cuanto al número de proyectos (147 o 134) y el monto comprometido (859 mil millones de pesos o 710.4 mil millones de pesos), discrepancias que, seguramente, habrán de aclararse.
En el sector telecomunicaciones sólo se mencionan cuatro proyectos de entre los más de 100 anunciados, previéndose una inversión privada de 118 mil millones de pesos, lo que representa 13.7 por ciento de la inversión total que promete el citado acuerdo.
El documento no dice con precisión de qué tratan específicamente los cuatro proyectos. Sería bueno que se especificara y hubiese mayor información para claridad y certeza de las inversiones, ya que han sido motivos por los que ha bajado la inversión: incertidumbre y falta de criterios.
Otro señalamiento es que algunos de los “nuevos” proyectos anunciados vienen del gobierno anterior —como la Red Compartida— y lo ideal sería que se anunciaran nuevos proyectos de infraestructura.
Llama la atención el trascendido de que casi la mitad (46 por ciento) del monto de las inversiones en telecomunicaciones lo aportará el agente preponderante del sector. Lo importante es que los nuevos recursos privilegien la cobertura social y rural que busca el gobierno federal, que también participen otros operadores y que no tengan por objeto aumentar el poder de mercado que tiene el preponderante, pues sería ir en contra de la competencia efectiva.
La actual administración le está “pasando el balón” a la iniciativa privada, mientras buena parte de los recursos públicos se dirigen a programas asistencialistas. La gran interrogante es si con este acuerdo alcanza para sacar al país del estancamiento y si para el año que entra podremos superar -0.2 a 0.2 por ciento de crecimiento estimado para este año por el Banco de México. El reto no es fácil, cuando economía y política van de la mano, mientras el sector privado no vea cohesión en la dirección gubernamental, todo indicará que se seguirá por el camino de la inercia.
INTERFERENCIAS
Llega diciembre y aún nada de la convocatoria para el relevo del próximo año en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Algunos especialistas señalan el embrollo que está provocando la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: al ya no existir, el Comité de Evaluación se encuentra incompleto o simplemente ya no se puede integrar, por lo que existe un obstáculo constitucional para elegir al nuevo integrante del Pleno del IFT.
En 2013, el proceso de selección inició el 18 de junio; en 2015, el 28 de agosto; en 2016, el 28 de octubre; en 2017, el 4 de septiembre y el año pasado arrancó el 8 de octubre. Tal vez este año se retrase más o simplemente no habrá convocatoria, habrá que ver la decisión que adopte el incompleto Comité de Evaluación.
