Por Eduardo Vázquez
En México, de acuerdo con la CONAPO, uno de cada doce mexicanos vive en el medio rural y se encuentra en situación de marginación o pobreza extrema. Casi el 85% de esta población no tiene acceso al agua en su vivienda, y peor aún, cerca del 60% no tiene acceso regular al agua a través de tanques e hidrantes públicos. Más grave todavía es el hecho de que más del 95% del agua que se utiliza a nivel doméstico en estas zonas debe ser acarreada grandes distancias por mujeres y niños para llevarla a sus hogares.
Aunado a esto, en la actualidad nos enfrentamos a retos y problemáticas derivadas de la necesidad de acceso al agua potable de manera continua y segura, ya que la emergencia derivada del Coronavirus el abasto de agua potable es una condición indispensable para la salud de las personas.
Por su parte, la población en las zonas urbanas que más sufre estos desafíos se localiza frecuentemente en zonas periurbanas o asentamientos irregulares, donde no están cubiertas las necesidades más básicas y se dificulta el acceso al agua en cantidad y calidad.
La alta vulnerabilidad y los fuertes rezagos en las ciudades se evidenciaron aún más con la actual crisis por la COVID-19, sobre todo por la urgente necesidad de disponer de buenos servicios de agua potable y saneamiento para dotar de líquido a toda la población.
Es claro que el Estado debe realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua, el saneamiento de manera reglamentaria y salubre, así como hacerla asequible para todos los mexicanos, con un sentido de equidad y eficiencia.
Pero también es claro que se requieren múltiples recursos y contar con diversos esquemas de financiamiento que permitan habilitar la atención de estas necesidades de primera importancia para la población, ya que de ello depende su salud y bienestar.
Debemos recordar que, dadas las brechas existentes, las necesidades de inversión e infraestructura para cumplir en la práctica el derecho humano al agua, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible son enormes y complejas de cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Más aún considerando la actual crisis económica que enfrentamos a nivel mundial y en nuestro país, lo cual presenta el riesgo adicional de que este rezago histórico se profundice aún más.
Sin lugar a dudas son tiempos en los que debemos analizar con mucho detalle y tomar las decisiones necesarias para administrar el agua de manera más eficiente, planear adecuadamente con visión de largo plazo, prestar mejores servicios y contar con los recursos e inversiones necesarios para cumplir estos objetivos.
Dicha necesidad se vuelve más importante en estos meses en que se discuten y aprueban los presupuestos públicos para el año siguiente, tanto a nivel federal como local. Es indispensable que, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo consideren esto para tomar las mejores decisiones en beneficio de todos los habitantes del país, en especial de los más desfavorecidos.
De no actuar en consecuencia corremos el riesgo de que la brecha entre las necesidades sociales y la cobertura de acceso al agua y saneamiento, se continúe extendiendo.