En los términos de nuestro sistema político, conforme al artículo 89 constitucional en su fracción II, el Presidente de la República tiene la facultad de “nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado”. Ahora bien, de acuerdo con lo anterior se genera en uno la idea de que un Secretario de Estado, al margen de sus convicciones políticas o partidistas, es una persona de sólida capacidad intelectual y moral; de tal manera que la Secretaría correspondiente queda sellada por una tradición histórica. Por ejemplo y en cuanto a la Secretaría de Educación Pública Ignacio García Téllez, abogado y político ilustre, fue un Secretario de Estado y rector de la UNAM que dejó una gran línea a seguir en esos quehaceres y responsabilidades; sucediendo lo mismo, y también como notable ejemplo, con Manuel Gómez Morín, fundador del partido político Acción Nacional, abogado y rector de la UNAM, perteneciente al grupo Los Siete Sabios. El hecho histórico es que José Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación Pública, impulsó la autonomía con toda su pasión, la que ya había estimulado durante su rectorado.
En suma, cuando se hace referencia a una Secretaría de Estado, en la especie la de Educación Pública, tiene uno la justa idea de un cargo que han desempeñado los más brillantes hombres de México; siendo que en tiempos posteriores a los que me he referido han trabajado al frente de esa dependencia del Poder Ejecutivo personalidades de la talla de Agustí Yáñez, Jaime Torres Bodet, Juan Ramón de la Fuente e incluso Porfirio Muñoz Ledo, que hoy clama por restaurar la República. Por cierto, ¿restaurar la República violenta e impregnada hasta lo más profundo de ella? Así las cosas la idea que tenemos millones de mexicanos de una Secretario de Estado es, repito, la de una personalidad de excelencia. Por ello y dentro de tal contexto llama poderosamente la atención que la recién designada Secretaria de Educación Pública, haya presentado el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que iniciará su implementación con una prueba piloto en al menos 30 escuelas por cada entidad federativa, durante el ciclo escolar 2022-2023 y en los tres niveles de educación básica. ¿Prueba piloto? ¿Así es que se utilizará a los estudiantes, aparte de los profesores, como a una especie de conejillos de indias para ver qué resulta? Esto es inaudito y no corresponde a la gran tradición histórica, a la que ya me he referido, de la Secretaría de Educación Pública. Lo evidente es que tal proyecto del Gobierno Federal debería primero someterse a la consideración del Poder Legislativo para ser analizado con el mayor cuidado, pues no hay duda de que dicha reforma incide nada menos que en el espacio de la Constitución, o sea, en la entraña de nuestro sistema educativo y constitucional. Yo creo que se trata de un abuso del Poder Ejecutivo y de una afrenta al Poder Legislativo, ignorándolo. A los estudiantes se les debe dar algo ya hecho, ya debidamente probado, y no someterlos a un experimento dentro de su etapa de aprendizaje; lo que en última instancia debería calificar, repito, el Poder Legislativo. En suma, no debe el titular de un Poder ignorar a los otros dos, y mucho menos en materia educativa. Con los estudiantes no se prueba, ya que se les debe dar, insisto, lo ya probado y aprobado. No es válido que por razones políticas, meramente políticas y de ocasión u oportunidad, se trastorne la esencia de la educación y de su correspondiente proceso. Ello se llama autoritarismo educativo. ¡El colmo! Y lo de siempre, ¿qué sucede con los otros dos poderes, por qué no emiten un comunicado en relación con los que les atañe directamente? Por eso la opinión pública, el pueblo de donde dimana todo Poder, debe reprobar un plan o proyecto que atenta en contra de la gran tradición educativa de México.
PROFESOR EMÉRITO DE LA UNAM
PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL
Sígueme en Twitter: @RaulCarranca
Y Facebook: www.facebook.com/despacho raulcarranca
