Por María Elena Mesta, Consejera del Consejo Consultivo del Agua
Uno de los retos más importantes que enfrentamos sociedad y gobierno, en materia de desarrollo sustentable, es contar con un nuevo marco de políticas públicas hídricas que garanticen el acceso, en calidad y cantidad suficientes del agua para el desarrollo humano en todas sus dimensiones: económico, social, cultural, ambiental y político.
Para asumir este reto corresponde al Estado garantizar y hacer respetar las diversas disposiciones constitucionales que se han ido reformando simultáneamente, y que obligan a los poderes legislativo y ejecutivo a generar los instrumentos de política publica que den viabilidad a los derechos fundamentales de las personas físicas y morales.
Por un lado, y a manera de objetivo general, tenemos que el artículo 25 de nuestra carta magna señala que corresponde al Estado “la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
Asimismo, se establece el deber del Estado de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, asi como la responsabilidad social del sector público, el sector social y del sector privado de concurrir al desarrollo económico nacional.
Por otra parte, corresponde al estado mexicano respetar varios derechos humanos relacionados con el agua, conforme a los establecido en los artículos 1° y 4° constitucionales que se refieren, el primero, a la obligación de las autoridades “de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”; mientras que el segundo establece diversos derechos humanos asociados al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas y el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, asi como la correlativa obligación del Estado de garantizar estos derechos y el deber del legislador de definir en la ley las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Como era de esperarse, las reformas constitucionales que iniciaron desde 2011 con la reforma al artículo 1° constitucional y posteriormente con el artículo 4° en 2013, desataron la participación tanto del sector social como del privado quienes a la fecha han manifestado, cada uno por separado, sus legítimas aspiraciones y expectativas en torno a la regulación, planeación, control y manejo del agua.
Leyendo el conjunto de posicionamientos que se han publicado en diferentes medios, pareciera que los diálogos en uno y otro sector han quedado entrampados en discusiones aisladas, confusión y protagonismos de algunos actores, mientras que los poderes legislativo y judicial, permanecen como espectadores, haciendo caso omiso de su deber constitucional de convocar a todos los sectores a un diálogo nacional.
Ante esta situación, el Consejo Consultivo del Agua, A.C., organización sin fines de lucro, en alianza con la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C (ANUR), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), ha decido impulsar una nueva iniciativa a la que se denominó “Pacto Social por el Agua”.
Este Pacto busca crear un instrumento de diálogo e interacción social para la generación de una visión compartida de diferentes actores y sectores que permita orientar y conducir las acciones del gobierno y de la sociedad en su conjunto a favor de una gestión sostenible del agua y la seguridad hídrica de largo plazo para México.
Lo que hemos identificado son serias deficiencias de nuestro sistema de participación democrática, asi como la urgencia de una reconciliación de intereses y sobre todo, de la rectoría de las autoridades responsables de la administración del agua:
En primer lugar, las deficiencias e insuficiencias de un Estado que ha sido incapaz de convocar a todos los sectores y actores sociales para llegar a un consenso respecto a políticas públicas del agua; y en segundo lugar, se deja ver las deficiencias de los mecanismos de participación social del sector hídrico nacional.
Ante esta situación, urge un diálogo nacional, como al que convocó el Consejo Consultivo del Agua llamado Pacto Social por el Agua para llegar a consensos en el país en el que los sectores público, privado y social logremos construir una visión común sobre el desarrollo integral y sustentable del país y el derecho humano al agua.
El Pacto Social por el Agua aspira a ser incluyente de todos los actores y sectores que decidan participar en él, de tal forma que a través de su participación efectiva se contribuya a una gestión sostenible, racional, responsable y equitativa del agua y la seguridad hídrica de largo plazo para México.
Lejos de buscar alianzas con el gobierno o ser partícipes imaginarios en pugnas o luchas por el agua, el Pacto Social por el Agua aspira a generar un espacio de interacción en el que todos los actores y sectores sean capaces de escuchar y conciliar los diferentes intereses particulares respecto al agua, para al final pactar en favor del interés de todos en un bien común.
El pacto real entre la sociedad mexicana y el gobierno debe ser un acuerdo por la participación pública efectiva de todos los actores y sectores en favor del desarrollo de las generaciones presentes y futuras lo que debe plasmarse en diversos instrumentos de política pública que consideren al agua y los servicios hídrico-ambientales como bienes públicos de interés nacional y que deben ser manejados con responsabilidad social y ambiental tanto por el sector público como por los sectores social y privado.
