Por Eduardo Andrade Sánchez
Ahora resulta que para descalificar una política pública se le califica de “nacionalista” como si defender los intereses nacionales fuera un defecto. Causa asombro el grado de desnaturalización ideológica a la que hemos llegado, al celebrar la imposición de intereses extranjeros sobre lo que conviene al país. Esta distorsión se explica por la penetración de la ideología del fundamentalismo del mercado. Las creencias imbuidas a lo largo de décadas por los voceros del neoliberalismo parecen haber convencido incluso a personas de reconocida inteligencia, quienes no se percatan de que el nacionalismo es un conjunto de ideas que favorecen los intereses de la Nación. Esta orientación ideológica está consagrada al máximo nivel en artículos constitucionales como el 3° y el 25 que establece claramente la rectoría económica del Estado.
Esta visión del mundo y de la vida es tan ideológica como el conjunto de ideas deificadoras del mercado como mecanismo de solución de todo problema social y ciertamente la práctica ha demostrado que seguir ciegamente tales ideas conduce a gravísimas injusticias, como lo afirma Joseph Stiglitz, economista laureado con el Nobel, quien se movió al más alto nivel dentro de las estructuras regidas por dicha ideología y que posteriormente denunció sus devastadores efectos al constatar la desigualdad que ha propiciado.
La política energética impulsada por el Presidente López Obrador responde al modelo nacionalista aprobado por el pueblo mexicano en la última elección presidencial para retomar principios básicos del Estado profundamente arraigados en tal convicción, que orientó la política del país a lo largo de un periodo en el cual se alcanzaron grandes beneficios populares. Dicho modelo se fue abandonando en favor de los criterios neoliberales dirigidos a la privatización y a la elevación de la competencia como suprema reguladora de la vida económica, la que supuestamente favorecería al consumidor, cuando en la práctica ni en México ni en otros países el ingreso de productores privados al mercado eléctrico ha conducido a una disminución de las tarifas. Los chilenos pagan una de las más altas de Latinoamérica y en España están que trinan porque en este invierno les han subido los precios de la energía eléctrica en casi el 30%.
Ello es así por un fenómeno que es normal y conveniente en cuanto a la función social que cumple el empresario: su orientación a conseguir el precio más alto que pueda pagar el consumidor. Nunca será su interés, en principio, el beneficio del consumidor, pero por supuesto tampoco lo quiere expoliar tanto que deje de adquirir su mercancía o su servicio. Por eso el Estado debe vigilar que el productor no abuse de su condición frente al consumidor y ello no necesariamente deriva de una mayor competencia, por lo menos no en todos los mercados.
Incluso en aquellos donde el precio ofrecido puede determinar la decisión del consumidor, los productores siempre procurarán evitar que su enfrentamiento se dé en el terreno de la disminución de precios. Barney y Müller en su obra Los Dirigentes del Mundo escriben: “En cada industria, un puñado de compañías compiten entre sí por conseguir partes del mercado cada vez mayores, según ciertas reglas bien establecidas aunque jamás formuladas. La principal de estas reglas es que la competencia de precios, excepto en limitadísimas ocasiones, es una práctica que debe evitarse estrictamente puesto que puede acarrear la ruina del club en su conjunto.”
Ese es uno de los motivos por los que el modelo neoliberal ha concentrado enormemente los beneficios en un grupo muy reducido de personas y de ahí el rechazo mostrado a su aplicación en distintos países. En México, en elecciones libres el pueblo decidió volver al nacionalismo y aprobó las modificaciones necesarias para desarticular las llamadas reformas estructurales diseñadas en beneficio de intereses extranjeros privados que no son malos en sí, porque la iniciativa privada y la inversión extranjera resultan útiles, pero siempre deben estar sujetas al verdadero interés nacional.
Volver a un modelo anterior que demostró ser conveniente y desechar uno nefasto, no es un retroceso negativo; por el contrario, si lo que se busca es el bienestar general no importa regresar al pasado. En Alemania se suprimió el nazismo para volver a la democracia constitucional y nadie podría condenarla por eso.
Sobran razones para apoyar una vuelta al papel principal de la CFE en la generación de energía como lo propone la Iniciativa Preferente presentada por el Presidente: la Constitución no lo impide; la rectoría del Estado es vital en una actividad estratégica cuya afectación puede comprometer la seguridad nacional; los llamados Contratos Legados han desarticulado a una empresa que era sólida y ahora se le obliga a competir en desventaja; las energías eólica y solar desestabilizan los sistemas de distribución, etc. A estos puntos me referiré en mis siguientes artículos.
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