/ jueves 16 de enero de 2020

El autoritarismo que viene

Los fanatismos que más debemos temer son aquellos que pueden confundirse con la tolerancia.

Fernando Arrabal


1. Sombrío panorama. Si alguien pensaba que el gobierno de AMLO había concluido su paquete de reformas penales represivas, se equivocó. Ahora, en una nueva oleada de iniciativas legislativas, ha enviado al Congreso de la Unión, otros dispositivos graves y peligrosos que complementan las anteriores fiebres punitivas y carcelarias de la prisión oficiosa y conversión de delitos graves. Con estas reformas el gobierno de la 4T continúa su tendencia derechista y se alinea como activo militante del populismo punitivo y el derecho penal extremo. Así, su discurso “democrático” se cae a pedazos y violenta los pilares en que descansa el debido proceso, la presunción de inocencia y, por supuesto, se coloca como un régimen que nada tiene que envidiarles a los gobiernos fundamentalistas y violadores de derechos básicos.


2.El contenido de los atropellos. Examinemos algunos de los elementos que representan, en varios sentidos, una contrarreforma y, al mismo tiempo, una estructura diseñada para pisotear derechos: el arraigo se amplía para todos los delitos, eliminándose la restricción anterior únicamente para la delincuencia organizada; asimismo, se plantea legalizar que la autoridad judicial federal pueda consentir la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral; además, se prevé una ampliación de los plazos en los que un indiciado podrá ser detenido por el MP, es decir, más de 48 horas para que se ordene su libertad o se le ponga a disposición de la autoridad judicial, antes, de igual manera, sólo se aplicaba en delitos de delincuencia organizada; también, se plantea eliminar la presencia de los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas; y, por si fuera poco, para alarma del garantismo elemental, se busca modificar la cláusula constitucional que considera como nulas, de forma automática, las pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente.


Lo anterior muestra sólo unos cuantos ejemplos de la ruta arbitraria e inconstitucional que plantea el presidente. Como se observa, estamos en presencia de un horizonte nada gratificante y contrario al respeto de los derechos procesales de cualquier persona. De esta manera, la ficticia careta de “izquierda” del actual gobierno exhibe una concepción de asfixia legal y de arma política contra los críticos del gobierno. Está claro que, AMLO, sin contrapesos en el legislativo y con una sociedad civil mermada, envía este paquete autoritario ante su notable incapacidad para contener las violencias y el delito y, con ello, buscar impactar con la inútil “mano dura”. Estamos bordeando el precipicio.


pedropenaloza@yahoo.com/Twitter: @pedro_penaloz

Los fanatismos que más debemos temer son aquellos que pueden confundirse con la tolerancia.

Fernando Arrabal


1. Sombrío panorama. Si alguien pensaba que el gobierno de AMLO había concluido su paquete de reformas penales represivas, se equivocó. Ahora, en una nueva oleada de iniciativas legislativas, ha enviado al Congreso de la Unión, otros dispositivos graves y peligrosos que complementan las anteriores fiebres punitivas y carcelarias de la prisión oficiosa y conversión de delitos graves. Con estas reformas el gobierno de la 4T continúa su tendencia derechista y se alinea como activo militante del populismo punitivo y el derecho penal extremo. Así, su discurso “democrático” se cae a pedazos y violenta los pilares en que descansa el debido proceso, la presunción de inocencia y, por supuesto, se coloca como un régimen que nada tiene que envidiarles a los gobiernos fundamentalistas y violadores de derechos básicos.


2.El contenido de los atropellos. Examinemos algunos de los elementos que representan, en varios sentidos, una contrarreforma y, al mismo tiempo, una estructura diseñada para pisotear derechos: el arraigo se amplía para todos los delitos, eliminándose la restricción anterior únicamente para la delincuencia organizada; asimismo, se plantea legalizar que la autoridad judicial federal pueda consentir la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral; además, se prevé una ampliación de los plazos en los que un indiciado podrá ser detenido por el MP, es decir, más de 48 horas para que se ordene su libertad o se le ponga a disposición de la autoridad judicial, antes, de igual manera, sólo se aplicaba en delitos de delincuencia organizada; también, se plantea eliminar la presencia de los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas; y, por si fuera poco, para alarma del garantismo elemental, se busca modificar la cláusula constitucional que considera como nulas, de forma automática, las pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente.


Lo anterior muestra sólo unos cuantos ejemplos de la ruta arbitraria e inconstitucional que plantea el presidente. Como se observa, estamos en presencia de un horizonte nada gratificante y contrario al respeto de los derechos procesales de cualquier persona. De esta manera, la ficticia careta de “izquierda” del actual gobierno exhibe una concepción de asfixia legal y de arma política contra los críticos del gobierno. Está claro que, AMLO, sin contrapesos en el legislativo y con una sociedad civil mermada, envía este paquete autoritario ante su notable incapacidad para contener las violencias y el delito y, con ello, buscar impactar con la inútil “mano dura”. Estamos bordeando el precipicio.


pedropenaloza@yahoo.com/Twitter: @pedro_penaloz

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