/ miércoles 1 de noviembre de 2017

El avío del ex fiscal

Algo tienen que agradecer al defenestrado fiscal electoral Santiago Nieto Castillo, tanto la Procuraduría General de la República como el PRI y el propio gobierno. No es poca cosa el avío que el hoy exfiscal hizo a la administración al desistir de su intento de oponerse, por vía del Senado, a su destitución y buscar su reinstalación con el apoyo del mandamás del llamado Frente Ciudadano, Ricardo Anaya, secundado por otros partidos de oposición sumados como satélites en una operación que es parte de la turbulencia política en la proximidad del proceso electoral del 2018.

La dimisión de Nieto Castillo impidió la consumación de uno más de los triunfos que el presidente del PAN y virtual candidato del llamado Frente Amplio Ciudadano a la presidencia de la República ha obtenido -o se jacta de haber logrado- en la guerra declarada en contra del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto. El proceso que se seguiría para la reinstalación por la confirmación de la destitución del fiscal electoral, como dicen los abogados, se sobreseyó, quedó sin efecto por falta de materia. Pero cualquiera que hubiera sido el veredicto en el juicio del Senado de la República sobre el caso Nieto Castillo, es indiscutible que el daño habría recaído sobre la Procuraduría General de la República y su encargado Alberto Elías Beltrán, por una decisión cuyos motivos y fundamento quedan en el aire. El hoy exfiscal electoral deja en suspenso, con su desistimiento de buscar la reinstalación, el fondo de un problema jurídico-político que la propia Procuraduría desató al despedirlo. En su declinación, Nieto Castillo manifiesta su desacuerdo con los motivos de su cese, pero a la vez expresa su voluntad de retirarse del proceso iniciado en el Senado de la República en consideración a la tranquilidad y el desarrollo normal del proceso político del año próximo. Tal vez en el ánimo del exfiscal prevalecía la idea de que con la continuación del juicio estaba dando armas al conjunto de la oposición para provocar un conflicto que solo podía beneficiar al hasta hoy verdadero dirigente del Frente Amplio Ciudadano, Ricardo Anaya. La Procuraduría había desatado una tormenta innecesaria que desembocaría en una crisis cuyas consecuencias serían lesivas para el proceso electoral. El favor que Santiago Nieto hace al proceso político de 2018 no deja, sin embargo, indemne a la administración que decidió su destitución. Indefinido aún si el proceso para calificar válida o justificada el despido de Nieto Castillo, deja en el aire las causas que pudieran haber motivado esta decisión. Flota en el aire la investigación que el ex fiscal había iniciado y hecha pública sobre las revelaciones de la empresa Obedrecht acerca de los recursos que se habrían proporcionado al entonces encargado de relaciones internacionales de la campaña presidencial, Emilio Lozoya. Conjurado el escándalo del caso de la destitución del fiscal electoral, correspondería hacer transparente, pública y sin lugar a especulación, la continuación de las investigaciones que el gobierno ha emprendido sobre los casos de diferentes sobornos que la propia empresa brasileña ha revelado, no solo en lo que hace al tiempo de la campaña presidencial de 2012, sino en todo lo que se refiere a las negociaciones y contratos que la empresa ha obtenido de diversas entidades del gobierno mexicano. De lo contrario, la duda de protección o encubrimiento de los responsables de esos actos de corrupción persistirá en la opinión pública y seguirá siendo un efecto negativo en la proximidad del proceso electoral del año próximo.

Srio28@prodigy.net.mx

Algo tienen que agradecer al defenestrado fiscal electoral Santiago Nieto Castillo, tanto la Procuraduría General de la República como el PRI y el propio gobierno. No es poca cosa el avío que el hoy exfiscal hizo a la administración al desistir de su intento de oponerse, por vía del Senado, a su destitución y buscar su reinstalación con el apoyo del mandamás del llamado Frente Ciudadano, Ricardo Anaya, secundado por otros partidos de oposición sumados como satélites en una operación que es parte de la turbulencia política en la proximidad del proceso electoral del 2018.

La dimisión de Nieto Castillo impidió la consumación de uno más de los triunfos que el presidente del PAN y virtual candidato del llamado Frente Amplio Ciudadano a la presidencia de la República ha obtenido -o se jacta de haber logrado- en la guerra declarada en contra del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto. El proceso que se seguiría para la reinstalación por la confirmación de la destitución del fiscal electoral, como dicen los abogados, se sobreseyó, quedó sin efecto por falta de materia. Pero cualquiera que hubiera sido el veredicto en el juicio del Senado de la República sobre el caso Nieto Castillo, es indiscutible que el daño habría recaído sobre la Procuraduría General de la República y su encargado Alberto Elías Beltrán, por una decisión cuyos motivos y fundamento quedan en el aire. El hoy exfiscal electoral deja en suspenso, con su desistimiento de buscar la reinstalación, el fondo de un problema jurídico-político que la propia Procuraduría desató al despedirlo. En su declinación, Nieto Castillo manifiesta su desacuerdo con los motivos de su cese, pero a la vez expresa su voluntad de retirarse del proceso iniciado en el Senado de la República en consideración a la tranquilidad y el desarrollo normal del proceso político del año próximo. Tal vez en el ánimo del exfiscal prevalecía la idea de que con la continuación del juicio estaba dando armas al conjunto de la oposición para provocar un conflicto que solo podía beneficiar al hasta hoy verdadero dirigente del Frente Amplio Ciudadano, Ricardo Anaya. La Procuraduría había desatado una tormenta innecesaria que desembocaría en una crisis cuyas consecuencias serían lesivas para el proceso electoral. El favor que Santiago Nieto hace al proceso político de 2018 no deja, sin embargo, indemne a la administración que decidió su destitución. Indefinido aún si el proceso para calificar válida o justificada el despido de Nieto Castillo, deja en el aire las causas que pudieran haber motivado esta decisión. Flota en el aire la investigación que el ex fiscal había iniciado y hecha pública sobre las revelaciones de la empresa Obedrecht acerca de los recursos que se habrían proporcionado al entonces encargado de relaciones internacionales de la campaña presidencial, Emilio Lozoya. Conjurado el escándalo del caso de la destitución del fiscal electoral, correspondería hacer transparente, pública y sin lugar a especulación, la continuación de las investigaciones que el gobierno ha emprendido sobre los casos de diferentes sobornos que la propia empresa brasileña ha revelado, no solo en lo que hace al tiempo de la campaña presidencial de 2012, sino en todo lo que se refiere a las negociaciones y contratos que la empresa ha obtenido de diversas entidades del gobierno mexicano. De lo contrario, la duda de protección o encubrimiento de los responsables de esos actos de corrupción persistirá en la opinión pública y seguirá siendo un efecto negativo en la proximidad del proceso electoral del año próximo.

Srio28@prodigy.net.mx