Cuando se lanzó el Sistema Nacional Anticorrupción, la idea central era pasar de la letra a los resultados. A 17 meses de su promulgación sin embargo, el Poder Legislativo permanece en una grave falta para echar a andar esta gran apuesta con las designaciones pendientes del fiscal general, del fiscal anticorrupción, y del auditor superior de la Federación ahora también en el limbo. Ante este escenario, y en un ambiente ciertamente enrarecido previo a un año electoral, las expectativas parecen sombrías, y la estela de la corrupción y la falta de voluntad para combatirla parecen prevalecer. Hoy debemos más que nunca impedir que intereses particulares se superpongan al bienestar general, a la democracia, y a que este país transite hacia mejores realidades.
Los resultados de la encuesta Latinobarómetro 2017, han arrojado una fotografía cruda y compleja. Entre 18 países de la región, somos las y los mexicanos, los más desilusionados con la democracia, los que percibimos el peor futuro, y los que creemos que las instituciones no han podido brindar una vida digna y de calidad, ni la esperanza de un mejor futuro.
En esta investigación que ya es un referente para la región, México junto con Brasil, El Salvador, y Perú, se sitúan hasta 18 puntos por debajo en la media respecto de su percepción positiva a la democracia. Por si fuera poco, los últimos resultados de 2017, indican que la confianza en los partidos políticos ha caído a niveles históricos, tocando su nivel más bajo desde 1995.
Asimismo, más de la mitad de las y los mexicanos, han sobornado a autoridades en el último año. México es hoy el país con mayor corrupción en América, seguido de República Dominicana, donde el 46% de sus pobladores han pagado sobornos.
Mientras tanto, el Senado –y ahora la Cámara con la pendiente designación del auditor-, a pesar de haber aprobado el paquete de leyes que daban vida al SNA, tienen la enorme falta, de no designar a los titulares de las áreas que encabezan el sistema, el mejor ejemplo es la propia Fiscalía Anticorrupción que lleva años acéfala.
Entre las tareas de esta Fiscalía se encuentra solicitar información específica sobre algún funcionario mexicano bajo investigación, requerir datos de cualquier servidor o exservidor público que pudiera estar involucrado en hechos de corrupción, y hasta solicitar a las instituciones bancarias información del movimiento de recursos sospechosos; y temas tan importantes como ejercer la facultad de atracción de aquellas averiguaciones previas federales o locales vinculadas con actos de posible corrupción, o incluso definir la incompetencia o el no ejercicio de la acción penal de una averiguación iniciada por posibles actos de corrupción.
Sin embargo, las discusiones en el Senado y ahora en la Cámara Baja, están entrampadas, y las designaciones corren el riesgo de convertirse en asuntos a negociación en un clima electoral. Es urgente que estos procesos se destraben, no solo ante la premura y la exigencia ciudadana por arrancar un sistema que es vital para el futuro de la democracia, e incluso de la participación ciudadana en el país, sino porque existe el grave de riesgo de que los esfuerzos y recursos destinados a este proyecto sean desperdiciados, y se pretenda dar por finalizado el propio SNA.
Este 2017 no cierra si quiera con un balance de grises. El SNA se encuentra en el limbo, con leyes, disposiciones, estructuras y presupuestos de más de 220 millones de pesos, sin que una sola persona haya sido procesada por corrupción derivado del sistema.
Diputada por Movimiento Ciudadano.
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