Estamos en la antesala de la celebración de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), a celebrarse en Glasgow, Escocia. A tan solo 3 meses de su realización, los efectos que se están viviendo en diferentes partes del mundo son innegables y sorprendentes.
Para todos aquéllos que se negaban a creer que el cambio climático era una realidad, y que lo calificaban como pretexto perfecto para distraer a la sociedad de temas realmente importantes, no les queda más que reconocer que hoy esa amenaza ya la tenemos frente a nosotros. Estamos viviendo una crisis climática.
¿Qué significa la crisis climática? Que las afectaciones por el aumento en la temperatura derivan en cambios atmosféricos que a su vez hacen más evidentes los fenómenos extremos de tormentas, nevadas, pero también de sequías; así como efectos secundarios que a su vez provocan: inundaciones, avalanchas, incendios, desaparición de especies de vida silvestre. En todos los casos, hay repercusiones directas sobre la salud humana.
La crisis climática llevó a la comunidad internacional a alcanzar un consenso para que los países se comprometan con metas más ambiciosas y a contribuir positivamente en poner un freno al aumento de la temperatura. Asimismo, se integró una bolsa cuantiosa de recursos para impulsar en mayor medida soluciones basadas en la naturaleza para detener las afectaciones climatológicas.
La COP26 tiene como meta alcanzar acuerdos en torno a los temas pendientes del Acuerdo de París en donde se contempla, como hoja de ruta, que los diversos sectores de desarrollo económico transiten hacia la descarbonización; en otras palabras, sustituir la quema de combustibles fósiles por energías limpias. Los sectores con mayor presión para impulsar esta transición son el de energía, transporte, construcción y telecomunicaciones, principalmente. Aunque todas las actividades emiten gases de efecto invernadero, que son los principales contribuyentes del calentamiento global, los compromisos de los sectores y a su vez de los países, deben conducir a un cambio radical en la reducción de emisiones, al grado de alcanzar la neutralidad de carbono; a nivel mundial se tiene previsto, como meta, para lograr dicha neutralidad año 2050.
Cada país, al interior de sus fronteras, debe impulsar, en el marco de la gobernanza ambiental, planes de adaptación para frenar las vulnerabilidades identificadas. Esto lleva a que los temas de mitigación y de adaptación tengan el mismo nivel de importancia, hablando en términos de política ambiental; sin embargo, la implementación de los planes, en sí misma, implica recursos financieros importantes para cambiar, y en el mejor de los casos frenar las tendencias de las afectaciones. En el marco del Acuerdo de París, esto también supone fortalecer la resiliencia de la ciudadanía.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, anunció en su mensaje desde la Asamblea General el pasado 8 de agosto, que la crisis climática se está generalizando en todo el planeta, y que los fenómenos meteorológicos extremos son responsabilidad del ser humano. Además, los últimos resultados del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) pusieron nuevamente sobre la mesa que el calentamiento global provoca “alteraciones irreversibles”, y que el planeta tendrá cada vez un futuro mucho más cálido.
Es urgente generar una campaña de concientización entorno a la crisis climática en la que nos encontramos, por nuestro presente y por las generaciones futuras. El incremento en los recursos financieros para atender y prevenir más alteraciones climáticas hoy debe ser una prioridad.
En México estamos a solo unas semanas de que inicie la nueva legislatura, que entre otras de sus obligaciones está la de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022; ojalá contemos con representantes populares que estén conscientes de la crisis climática que estamos viviendo y de la necesidad de aumentar los recursos fiscales destinados al sector ambiental. Lo que no hagamos hoy, ya mañana será muy tarde.
