En México, el camino hacia el reconocimiento de los derechos político electorales de las mujeres ha sido lento y fracturado. Fue hasta 1953 que se nos reconoció el derecho a votar y ser votadas. En el ámbito legislativo, las reformas son testigos de la progresión del reconocimiento de nuestros derechos políticos
La reforma a los códigos electorales pasó de únicamente obligar a los partidos políticos a promover la participación política de las mujeres en 1993, a establecer auténticas cuotas de género como umbral mínimo de representación en la definición de las candidaturas: 70-30 en 1996; 60-40 en el 2008; y 50-50 en el 2014. En esta última reforma, se elevó a rango constitucional la paridad en las candidaturas al Congreso federal y los Congresos Locales.
Este 2019, las y los legisladores aprobamos una reforma constitucional para hacer paritario el acceso a todos los cargos en los tres niveles de gobierno, local, estatal y federal, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo los organismos públicos autónomos.
Con el decreto de reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política, publicado el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federacion, se concreta una reforma histórica que garantizará los derechos políticos de las mujeres, y nuestra participación en la toma de decisiones públicas así como el acceso a los espacios de representación.
Además de la paridad en las candidaturas y la integración de los gobiernos y organismos públicos autónomos, destaca el uso de un lenguaje incluyente en la redacción de la norma constitucional; es el caso del artículo 35, donde se modificó el término “derechos de los ciudadanos” por “derechos de la ciudadanía”.
En el Poder Judicial, el concurso público para la integración de los órganos jurisdiccionales también estará sujeto al principio de paridad.
Diputada federal Grupo parlamentario de Morena
