/ miércoles 17 de agosto de 2022

El cártel del búnker 

Si algo en México me recuerda a Franz Kafka es “el búnker” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en las calles de Dr. Lavista, Dr. Jiménez y Dr. Río de la Loza. Pasillos interminables que se intersectan con pasillos obscuros, simétricos, con decenas de escritorios de las fiscalías especializadas, cada uno con montañas de papeles que difícilmente terminarán con culpables sentenciados. La justicia se simula, se siguen formalidades en los expedientes y, una vez cubiertas, se da carpetazo.

De vez en vez, la Fiscalía sirve para venganzas políticas. Ya cuando uno se aprende el nombre del titular de comunicación social, Ulises Lara, es porque lo que menos interesa es la justicia. Hay que enviar un mensaje político.

Objetivamente, la Fiscalía encontró suficientes evidencias para fincar responsabilidades sobre dos personas que, sin embargo, aún tienen el derecho de audiencia. Los delitos son de enriquecimiento ilícito, no de uso indebido de atribuciones. Hago énfasis en ello porque lo que estaría sustentando, jurídicamente, la Fiscalía, es que los dos imputados tienen riqueza y no pueden acreditar su origen. ¿De dónde sale el vínculo con lo inmobiliario? De que para el Cártel del Bunker, la justicia no es tan ciega como pensábamos.

No está mal que la Fiscalía tenga sospechas e investigue, echar a andar a la opinión pública es muy distinto. Si tiene elementos para señalar a los funcionarios por beneficiarse del otorgamiento de permisos en materia de construcciones, la acusación penal, no la mediática, tendría que ser más amplia.

La historia que con tanta enjundia promueven, en paralelo, la Fiscalía, la Jefa de Gobierno, y pasquines anónimos que entregan en domicilios, más refleja que le quieren colocar una etiqueta negativa a un grupo político, que la existencia de elementos objetivos contra un “Cártel inmobiliario”.

Recordemos que, por mucho que se haya cuestionado el boom inmobiliario previo al ascenso al poder de Claudia Sheinbaum, no hay acusaciones concretas que prueben la operación en cartel, para dar autorizaciones en la materia. Sí hay irregularidades, el ex director de Instrumentos está detenido, pero la idea de una operación coordinada de un grupo de servidores no la han podido sustentar jurídicamente y no se podría circunscribir a una alcaldía, sino a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es quien da los permisos; las demarcaciones sólo registran y acompañan al Invea en las verificaciones.

Trabajé con Felipe de Jesús Gutierrez, ex titular de Seduvi y hoy prófugo, pero no por delitos de carácter inmobiliario, sino por desvío de recursos. Conmigo fue una absoluta basura, jamás lo defendería, pero no han podido fincarle responsabilidades relacionadas con el desarrollo urbano. Qué sí tenemos en Seduvi en esta administración: una titular que en calidad de bulto cobró medio centenar de quincenas a cambio de nada; uno que en su primera gestión se concentró en el programa de vacunación, y en su retorno se dedicó a las elecciones de Morena; el tercer secretario debería estar en la cárcel por acoso y abuso sexual, pero mejor le dieron la base por bolas.

Por tanto, no han podido acreditar ni desmantelar cárteles inmobiliarios, pero tampoco actualizar la política ni la normatividad para el desarrollo urbano. Eso sí, han conformado su propio cártel político, con la fiscal y la jefa de gobierno a la cabeza.

Si algo en México me recuerda a Franz Kafka es “el búnker” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en las calles de Dr. Lavista, Dr. Jiménez y Dr. Río de la Loza. Pasillos interminables que se intersectan con pasillos obscuros, simétricos, con decenas de escritorios de las fiscalías especializadas, cada uno con montañas de papeles que difícilmente terminarán con culpables sentenciados. La justicia se simula, se siguen formalidades en los expedientes y, una vez cubiertas, se da carpetazo.

De vez en vez, la Fiscalía sirve para venganzas políticas. Ya cuando uno se aprende el nombre del titular de comunicación social, Ulises Lara, es porque lo que menos interesa es la justicia. Hay que enviar un mensaje político.

Objetivamente, la Fiscalía encontró suficientes evidencias para fincar responsabilidades sobre dos personas que, sin embargo, aún tienen el derecho de audiencia. Los delitos son de enriquecimiento ilícito, no de uso indebido de atribuciones. Hago énfasis en ello porque lo que estaría sustentando, jurídicamente, la Fiscalía, es que los dos imputados tienen riqueza y no pueden acreditar su origen. ¿De dónde sale el vínculo con lo inmobiliario? De que para el Cártel del Bunker, la justicia no es tan ciega como pensábamos.

No está mal que la Fiscalía tenga sospechas e investigue, echar a andar a la opinión pública es muy distinto. Si tiene elementos para señalar a los funcionarios por beneficiarse del otorgamiento de permisos en materia de construcciones, la acusación penal, no la mediática, tendría que ser más amplia.

La historia que con tanta enjundia promueven, en paralelo, la Fiscalía, la Jefa de Gobierno, y pasquines anónimos que entregan en domicilios, más refleja que le quieren colocar una etiqueta negativa a un grupo político, que la existencia de elementos objetivos contra un “Cártel inmobiliario”.

Recordemos que, por mucho que se haya cuestionado el boom inmobiliario previo al ascenso al poder de Claudia Sheinbaum, no hay acusaciones concretas que prueben la operación en cartel, para dar autorizaciones en la materia. Sí hay irregularidades, el ex director de Instrumentos está detenido, pero la idea de una operación coordinada de un grupo de servidores no la han podido sustentar jurídicamente y no se podría circunscribir a una alcaldía, sino a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es quien da los permisos; las demarcaciones sólo registran y acompañan al Invea en las verificaciones.

Trabajé con Felipe de Jesús Gutierrez, ex titular de Seduvi y hoy prófugo, pero no por delitos de carácter inmobiliario, sino por desvío de recursos. Conmigo fue una absoluta basura, jamás lo defendería, pero no han podido fincarle responsabilidades relacionadas con el desarrollo urbano. Qué sí tenemos en Seduvi en esta administración: una titular que en calidad de bulto cobró medio centenar de quincenas a cambio de nada; uno que en su primera gestión se concentró en el programa de vacunación, y en su retorno se dedicó a las elecciones de Morena; el tercer secretario debería estar en la cárcel por acoso y abuso sexual, pero mejor le dieron la base por bolas.

Por tanto, no han podido acreditar ni desmantelar cárteles inmobiliarios, pero tampoco actualizar la política ni la normatividad para el desarrollo urbano. Eso sí, han conformado su propio cártel político, con la fiscal y la jefa de gobierno a la cabeza.

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