El pasado 27 de agosto el Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de presupuesto que, conforme al procedimiento establecido en la ley, fue remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ésta, a su vez, lo envió a la cámara de diputados el 8 de septiembre, para que se analice su contenido y se determine cuál será la cantidad definitiva que se asignará.
La previsión del INE para el ejercicio fiscal 2022, corresponde a un monto de 18 mil 827 millones 742 mil 268 pesos, que incluyen dos partidas para atender, de ser necesario, las actividades relativas a la organización de la revocatoria de mandato que podría costar poco más de 3 mil 830 millones de pesos y posibles ejercicios de consulta popular, por una cantidad de más de 1 mil 913 millones de pesos. En ambos casos, si no hubiere ejercicios de democracia directa, dichos recursos serían devueltos al erario. Adicional a este monto, hay que considerar el financiamiento público partidario calculado en alrededor de 5 mil 821 millones de pesos que, por el blindaje legal que tiene, no podrá ser modificado.
Visto solo con la frialdad de los números, el costo de las elecciones para 2022 luce muy pesado para un país que exige atención inmediata en diversos rubros de la vida social y económica, más en un escenario que sigue siendo de pandemia y que ya acusa efectos terribles en todo el planeta. Sigo sosteniendo, que la reducción significativa de estos montos es viable sustituyendo diversos componentes del modelo electoral, conforme a diagnósticos precisos sustentados en evidencias empíricas y en una deliberación racional entre actores políticos, autoridades y ciudadanía.
Por lo pronto, las elecciones de 2022 que permitirán la renovación de seis gubernaturas, el congreso local de Quintana Roo y los ayuntamientos de Durango, generan costos reflejados en las partidas del INE. Contestar si lo presupuestado es mucho o simplemente es lo necesario, es la interrogante que deberá contestar el Consejero Presidente que estará con las y los diputados para exponer los argumentos que sustentan su propuesta.
El hecho no es menor, al contrario, es trascendente para la organización electoral que hoy tiene costos específicos para atender el universo de atribuciones que tienen las autoridades, conforme a lo establecido en la normativa electoral. Y más alla de rumores y especulaciones, deberá permitir el intercambio de observaciones y datos que permitan determinar con objetividad el monto de los recursos que la institución ejercerá el próximo año. La reunión convocada para el 5 de noviembre debe ser un auténtico ejercicio democrático entre instituciones cuyas atribuciones se enlazan y nunca un escenario para dirimir diferencias surgidas en otros momentos, en especial, durante el proceso electoral recientemente concluido.
Se trata de encontrar fórmulas que permitan disminuir costos y garantizar el buen uso de los recursos públicos cuyo ejercicio debe disponer de garantías de transparencia y rendición de cuentas, así como de una administración eficiente y honesta que explore distintas opciones técnicas para cumplir tareas institucionales, buscando mayor austeridad sin incumplir la ley, en una asignatura que sigue siendo muy exigente para el erario público.
La comparecencia del próximo viernes debe ayudar a despejar zonas de dudas, a clarificar las razones de los costos, a informar con amplitud a legisladoras y legisladores, pero no debe convertirse en un foro para recrear el espectáculo político.
*Profesor en UP y UNAM. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
