Continuamos con la reflexión sobre el modelo de desarrollo para México en el contexto de la 4T y lo que irremediablemente serán seis años de una transformación sustantiva del gobierno y de los conceptos con los que tradicionalmente se mide el desempeño económico, que dicho sea de paso, esconde una profunda heterogeneidad estructural, dualismos socio-productivos y una desigualdad social inaceptable.
Como nunca antes está de moda argumentar sobre desempeño económico y por supuesto, los más ortodoxos, se apegan a la noción de crecimiento y las variables que lo estimulan a nivel macro económico. En esta vertiente maltusiana, nunca alcanzarán los niveles de crecimiento de la economía mexicana para incorporar a la población económicamente activa que se incorpora al mercado laboral.
Cuando se habla de crecimiento económico inclusivo, se pretende incorporar a las metas cuantitativas aspectos cualitativos que humanicen su despliegue con la incorporación a la dinámica económica de regiones rezagadas, entidades estancadas, ramas olvidadas de la actividad productiva y grupos de población en situación de vulnerabilidad o discriminación.
La tesis; “crecimiento no es desarrollo” no es nueva, ni mucho menos un pensamiento tradicional de izquierda, más bien se trata de una tesis que cuestiona moralmente las prioridades de crecimiento económico respecto a la preservación del medio ambiente o al respeto a los pueblos originarios, a sus territorios y a sus costumbres, pero también a la enorme desigualdad intrínseca en el concepto de crecimiento económico. El estructuralismo cepalino también acuñó, por largo tiempo, la tesis de los estilos de desarrollo para construir sociedades estables y justas.
Los foros globales han retomado esta tesis con poco entusiasmo, sin poder negar que las sociedades actuales, fomenten la desigualdad económica al mismo ritmo en el que hay crecimiento. La panacea del mercado y la desregulación a ultranza, ya no son tan bienvenidas en las discusiones globales, dado que se da por descontado que los Estados deben reducir su deuda, fomentar el equilibrio fiscal y recortar beneficios sociales en salud, educación y pensiones por la imposibilidad de pagar la deuda y cumplir con las restricciones macroeconómicas, financieras y fiscales que recomienda el FMI.
Buena parte de esta discusión, adquirió brío con la reforma de las Naciones Unidas a partir de la Agenda post 15, precisamente después de 20 años de la declaración de Río de Janeiro sobre Desarrollo Sostenible que se reconoció el fracaso rotundo en el frente ambiental, avances en materia social y de combate a la pobreza, pero con un enfoque económico basado en la depredación, el desperdicio y el consumo irresponsable. Derivado de esta discusión global surgió la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos estratégicos y 149 indicadores.
La agenda 2030 postula que la mitad de la población mundial vive con el equivalente a dos dólares diarios, con una tasa de desempleo del 5.7% y un mundo en donde en muchos lugares la precarización y pobreza imperan, incluyendo México. Por ello, las Naciones Unidas impulsan la reflexión sobre el progreso lento y desigual, así como las políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.
La falta de oportunidades de trabajo, la insuficiente inversión privada y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico y el derecho humano a una vida digna y el progreso. La creación de empleos decentes constituye un gran desafío para casi todas las economías.
Aunque el crecimiento anual del PIB real per cápita va en aumento en todo el mundo, hay países en bajas tasas de crecimiento y están muy lejos de alcanzar la tasa del 7% establecida para 2030. La pobreza laboral se configura con la disminución de la productividad, el aumento en las tasas de desempleo y salarios bajos que no satisfacen las necesidades básicas.
Según Naciones Unidas, para conseguir el desarrollo sostenible las sociedades deberán crear las condiciones para que las personas accedan a empleos de calidad, con el fomento a la economía pero sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes. El aumento de la productividad y la reducción del desempleo, especialmente entre jóvenes, mejora el acceso a servicios financieros, acumular activos y realizar inversiones productivas pueden generar un impulso económico desde la base social.
Sin duda, la renovación de los pactos económicos y sociales propiciará el aumento de los compromisos con la industria, el comercio, la banca y la infraestructura agrícola con el fin de aumentar la inversión privada, fomentar la innovación para mejorar la productividad y a reducir los niveles de desempleo.
Hasta aquí una breve descripción del Objetivo 8 de los ODS como se les conoce, denominado Trabajo Decente y Crecimiento Económico. La 4T debe asumir este reto global en materia económica con programas focalizados y masivos para incidir en las oportunidades, la mejora de ingresos de la población ocupada, inclusión e igualdad laboral, la vinculación de los jóvenes al mundo laboral y al aprendizaje productivo, el micro financiamiento para fomentar emprendimientos sociales, así como con el aumento al salario mínimo de 16% al interior del país y 100% en la frontera norte redondean los objetivos sociales de esta administración en función de la economía y crecimiento de México.
@RAlpizarV
