En una gran cantidad de foros, mesas de debate, coloquios y otras modalidades de intercambio de opinión, he constatado, la percepción de que México en su lucha contra la criminalidad -común u organizada, recibe directrices, imposiciones, condicionamientos y estímulos de parte de las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. Por supuesto que hay de parte de las estructuras gubernamentales de ese país, una evidente actitud de intromisión (lo cual no es una novedad o una sorpresa). En cambio, lo que sí es de llamar la atención, es la ausencia en los análisis desde México, a la condición inevitable que genera la geografía, en cuanto a dificultades compartidas y un destino convergente entre ambas naciones.
La actividad del crimen organizado, implica una serie de delitos adyacentes no menos peligrosos, lucrativos y destructivos. Desde el tráfico de armas, pasando por el blanqueo de dinero, así como el tráfico de personas, todo esto es posible por las inevitables colindancias terrestre, marítima y aérea. A lo que debemos sumar culturales, turísticos e incluso, gastronómicos (el tradicional guacamole el día del Súper Bowl). De allí debe partirse para contar con una plataforma de análisis que supere en lo posible, las apreciaciones subjetivas o prejuiciadas de ambos lados de la frontera.
De allí que en el caso específico de la justificada cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, los Estados Unidos, en su conjunto, mucho tienen que ver con aspectos claves de la violencia en México. Sea por el gigantesco y voraz mercado de consumo de drogas, sea por el asesino trágico de armas hacia nuestro país o por las medidas aplicadas para flexibilizar el consumo de marihuana, las consecuencias las vivimos día a día en nuestras ciudades, carreteras, zonas rurales entre otros espacios. Por supuesto que lo anterior no exime ni a las estructuras de gobierno o a las prácticas sociales que toleran o fomentan la criminalidad en México, pero la compleja relación e interdependencia bilateral es una absoluta realidad.
El gobierno de la República tiene una importante oportunidad con el caso de Guzmán Loera. Me explico: es claro que quien incursiona en las actividades delictivas no consigue o construye un estilo de vida duradero. Puede argumentarse que no hay condiciones para el desarrollo personal, pero en la formulación de programas dirigidos a la juventud, ahora hay opciones educativas y de servicio a la sociedad. Destaca por ejemplo, la opción para formar parte de la Guardia Nacional o estudiar en las nuevas estructuras que la federación ha puesto en funcionamiento junto con programas de capacitación.
La relación con los Estados Unidos es y seguirá siendo difícil, con altibajos, encuentros y desencuentros. Sin embargo, es mucho mejor para ambas partes, la colaboración con más aún en lo que concierne a la Seguridad Regional. Antes decir la inflamada retórica del racismo y la xenofobia se apropie del discurso reeleccionista en la lucha por la Casa Blanca.
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