/ viernes 21 de agosto de 2020

El daño de las noticias falsas

Desde hace unos días, ha estado llegando a los teléfonos celulares un mensaje de texto donde se señala: “Septiembre es el último mes para renovar su INE, revisen si va a estar vigente para junio del 2021, ¡¡¡¡que nadie se quede sin votar!!!! ¿Porqué creen que no hacen campaña para renovar el INE? Por favor reenvía”.


Se trata de una noticia falsa: el INE ha aclarado puntualmente que el último día para realizar trámites de credenciales que pierdan vigencia en 2021 será el 10 de febrero del próximo año. Pero es muy preocupante que, de cara al inicio del siguiente proceso electoral federal, empiece a circular información que busca desacreditar el funcionamiento de la autoridad electoral.


Seamos claros: el Instituto Nacional Electoral es una autoridad que se rige bajo los principios de legalidad y certeza. Esto es, se conduce por lo establecido en la Constitución y en la legislación electoral, y emite sus decisiones con la debida anticipación para que todas y todos, sean partidos políticos, candidaturas independientes y ciudadanía en general, tengan conocimiento pleno de las mismas.


También es la más interesada en que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos. Por mandato de ley, el INE tiene entre sus fines promover el ejercicio de esos derechos fundamentales. De ahí que resulte cuestionable que se quiera generar la impresión de que el INE tiene la intención de no promover la renovación de las credenciales para votar con fotografía y, en consecuencia, de incumplir la ley.


Esa noticia falsa es la más reciente, pero no es el única. También en el espacio público se ha reactivado la idea de que la autoridad electoral tolera que en la jornada electoral ocurran condutas fraudulentas, tales como el embarazo de urnas, las casillas zapato o los ratones locos. Ahí también hay que ser claros: desde hace varios años esas prácticas no existen.


Esas conductas que se dirigían a vulnerar la voluntad ciudadana expresada en las urnas forman parte de la historia de nuestras elecciones. Se han erradicado del mapa electoral desde hace treinta años; esto es, a partir de la creación de una autoridad especializada encargada de la organización de los procesos electorales, así como por los cambios que se empezaron a realizar en nuestra legislación electoral.


Hoy, cada casilla tiene un número máximo de 750 electores y, para ello, se entrega a las y los funcionarios el número exacto de boletas. Ni más ni menos. De ahí que no haya forma de “embarazar” urnas o, mejor dicho, de que haya boletas que electores, como ocurría antes de 1990.


También es remota la posibilidad de que en una jornada lectoral se registren las llamadas “casillas zapato”; es decir, que en una misma sección lectoral todas y todos los electores hayan votado por la misma opción política. En una sociedad plural como la mexicana eso es poco probable y, si llega a ocurrir, la legislación prevé expresamente que la autoridad recuente todos los votos para generar certeza sobre el resultado.


Tampoco hay posibilidad de que se vuelva repetir lo que en la picaresca electoral se conocía como “ratón loco”; es decir, cuando las y los electores acudían a su casilla para votar y no aparecían en la lista de electores, lo que los obligaba a recorrer varias casillas hasta encontrarse en una lista para ejercer su derecho al sufragio. Hoy, la ley define desde que se entrega la credencial para votar, la sección que corresponderá a la ubicación de la casilla. Además, días previos a la jornada electoral la autoridad electoral publica un documento denominado encarte, donde aparece el número de sección, la casilla y el domicilio donde será instalada. En otras palabras, hay certeza sobre el lugar donde la ciudadanía ejercerá su derecho.


Como se puede advertir, las normas electorales prevén mecanismos para inhibir conductas que atentan contra la democracia. Y las autoridades electorales trabajan para que esas normas se apliquen.


De todos modos, siempre es importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previa impugnación que presenten los partidos políticos, coaliciones o candidaturas, puede conocer sobre la existencia de irregularidades que ocurren en la jornada electoral.


A menos de 20 días para que inicie el proceso electoral de 2021, en el que habrá elecciones en todo el país, tengamos seguridad de que existen reglas que garantizan que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad ciudadana, y que las autoridades electorales trabajan para garantizar su aplicación.


No dejemos que las noticias falsas sean un factor que desincentive la participación. Tampoco abonemos para su difusión. La única afectada siempre será la democracia.





@ebuendiaz

Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE

Desde hace unos días, ha estado llegando a los teléfonos celulares un mensaje de texto donde se señala: “Septiembre es el último mes para renovar su INE, revisen si va a estar vigente para junio del 2021, ¡¡¡¡que nadie se quede sin votar!!!! ¿Porqué creen que no hacen campaña para renovar el INE? Por favor reenvía”.


Se trata de una noticia falsa: el INE ha aclarado puntualmente que el último día para realizar trámites de credenciales que pierdan vigencia en 2021 será el 10 de febrero del próximo año. Pero es muy preocupante que, de cara al inicio del siguiente proceso electoral federal, empiece a circular información que busca desacreditar el funcionamiento de la autoridad electoral.


Seamos claros: el Instituto Nacional Electoral es una autoridad que se rige bajo los principios de legalidad y certeza. Esto es, se conduce por lo establecido en la Constitución y en la legislación electoral, y emite sus decisiones con la debida anticipación para que todas y todos, sean partidos políticos, candidaturas independientes y ciudadanía en general, tengan conocimiento pleno de las mismas.


También es la más interesada en que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos. Por mandato de ley, el INE tiene entre sus fines promover el ejercicio de esos derechos fundamentales. De ahí que resulte cuestionable que se quiera generar la impresión de que el INE tiene la intención de no promover la renovación de las credenciales para votar con fotografía y, en consecuencia, de incumplir la ley.


Esa noticia falsa es la más reciente, pero no es el única. También en el espacio público se ha reactivado la idea de que la autoridad electoral tolera que en la jornada electoral ocurran condutas fraudulentas, tales como el embarazo de urnas, las casillas zapato o los ratones locos. Ahí también hay que ser claros: desde hace varios años esas prácticas no existen.


Esas conductas que se dirigían a vulnerar la voluntad ciudadana expresada en las urnas forman parte de la historia de nuestras elecciones. Se han erradicado del mapa electoral desde hace treinta años; esto es, a partir de la creación de una autoridad especializada encargada de la organización de los procesos electorales, así como por los cambios que se empezaron a realizar en nuestra legislación electoral.


Hoy, cada casilla tiene un número máximo de 750 electores y, para ello, se entrega a las y los funcionarios el número exacto de boletas. Ni más ni menos. De ahí que no haya forma de “embarazar” urnas o, mejor dicho, de que haya boletas que electores, como ocurría antes de 1990.


También es remota la posibilidad de que en una jornada lectoral se registren las llamadas “casillas zapato”; es decir, que en una misma sección lectoral todas y todos los electores hayan votado por la misma opción política. En una sociedad plural como la mexicana eso es poco probable y, si llega a ocurrir, la legislación prevé expresamente que la autoridad recuente todos los votos para generar certeza sobre el resultado.


Tampoco hay posibilidad de que se vuelva repetir lo que en la picaresca electoral se conocía como “ratón loco”; es decir, cuando las y los electores acudían a su casilla para votar y no aparecían en la lista de electores, lo que los obligaba a recorrer varias casillas hasta encontrarse en una lista para ejercer su derecho al sufragio. Hoy, la ley define desde que se entrega la credencial para votar, la sección que corresponderá a la ubicación de la casilla. Además, días previos a la jornada electoral la autoridad electoral publica un documento denominado encarte, donde aparece el número de sección, la casilla y el domicilio donde será instalada. En otras palabras, hay certeza sobre el lugar donde la ciudadanía ejercerá su derecho.


Como se puede advertir, las normas electorales prevén mecanismos para inhibir conductas que atentan contra la democracia. Y las autoridades electorales trabajan para que esas normas se apliquen.


De todos modos, siempre es importante mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previa impugnación que presenten los partidos políticos, coaliciones o candidaturas, puede conocer sobre la existencia de irregularidades que ocurren en la jornada electoral.


A menos de 20 días para que inicie el proceso electoral de 2021, en el que habrá elecciones en todo el país, tengamos seguridad de que existen reglas que garantizan que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad ciudadana, y que las autoridades electorales trabajan para garantizar su aplicación.


No dejemos que las noticias falsas sean un factor que desincentive la participación. Tampoco abonemos para su difusión. La única afectada siempre será la democracia.





@ebuendiaz

Jefe de oficina de la presidencia del Consejo General del INE

ÚLTIMASCOLUMNAS