Por: David Ramírez-de-Garay
La irrupción del Covid-19 no ha hecho más que crear un panorama de incertidumbre. ¿Cuántos casos tenemos en el país? ¿Cómo está respondiendo la infraestructura? ¿Cuándo alcanzaremos el punto más alto del contagio? Pero también nos ha permitido construir algunas certezas: cuando se trata de problemas públicos, los datos y el análisis de la información son una herramienta clave para labrar una salida.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, los datos se han convertido en protagonistas clave. Modelos, curvas aplanadas, escalas logarítmicas, estimaciones, subestimaciones, datos abiertos, etcétera, se han convertido en términos de uso frecuente en el debate público. Ojalá que cuando esto termine no olvidemos la relevancia que el análisis y la evidencia empírica tienen para guiar la toma de decisiones ya no ante las emergencias, sino de cara al resto de los problemas de nuestro país.
Por desgracia, eso apenas es un buen deseo en el caso de la crisis de inseguridad y de violencia. No hemos logrado que la información de calidad se convierta en un recurso clave. De hecho, gran parte del rezago en las instituciones de seguridad se explica por lo poco que hemos invertido en desarrollar más y mejores fuentes de información para medir el fenómeno criminal.
Muchos años han pasado desde que la inseguridad se convirtió en nuestro principal problema público. Pero el tiempo transcurrido no ha servido para liberarnos de la dependencia que tenemos hacia una fuente de información de muy mala calidad: las carpetas de investigación. Son datos muy limitados por la cifra negra y por la baja calidad en las prácticas de registro.
Es cierto, en 2018 se estrenó una metodología que nos permite contar a las víctimas, conocer su sexo y si fueron menores o mayores de edad. Un avance importante, si lo comparamos con la enormidad del rezago. Sin embargo, hasta la fecha no sabemos si el Gobierno Federal tiene la intención de continuar con la mejora metodológica para tener datos más detallados y para actualizar la información más allá de 2015 —hasta ese año llegó la retroactividad de la nueva metodología—.
A mitad de estas carencias, destaca el acertado trabajo del Inegi, que nos ha proporcionado más información sobre el fenómeno criminal. Sus encuestas de victimización (ENVIPE, ENSU y ENVE) se han convertido en recursos clave para tomarle el pulso a la inseguridad que tenemos en el país.
Pero estos avances no alcanzan para atender la verdadera escala de problema, por una razón primordial: el fenómeno criminal no es estático. Necesitamos generar fuentes de información que generen datos oportunos para las distintas etapas en que se verifica. Para ello hay que invertir en ordenar y sistematizar toda la información que las policías locales captan en su trabajo diario. El Informe Policial Homologado es un avance, aunque limitado: se diseñó como recurso para el proceso penal y no para el trabajo policial. Otra interesante opción es el sistema 911 de llamadas de emergencia. En otros países es una valiosa fuente, pero en México su creación y homologación es muy reciente, y todavía hay mucho que resolver para convertirlo en un referente de calidad. Finalmente, el modelo de justicia cívica podrá ofrecer mucho si se implementa de manera extensa. El seguimiento y el análisis de las faltas administrativas pueden refinar la mirada de la política pública en seguridad y en prevención.
El reto es tan amplio como el rezago que nos hemos permitido acumular. Ojalá que uno de los principales aprendizajes que el Covid-19 nos deje es que no podemos prescindir de sistemas de información confiables, amplios y abiertos a la población.
Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa
@DavidRdeG
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