/ viernes 22 de junio de 2018

El decretazo del agua

Así como se dio el gasolinazo, en el cual mediante una reforma jurídica se elevó el precio de la gasolina, hoy encontramos su similar en el agua. El decretazo del día 5 de junio que firmó el Presidente para eliminar la veda de 300 cuencas hidrológicas, presumido como un acto para crear una reserva hídrica de uso ambiental, no constituye algo más que un intento de bola rápida, lanzada con la esperanza de que las noticias de la elección oculten la gran infamia.

Maldad sin eficacia, ya que el tema ha sido abordado en todos los foros nacionales e internacionales y calificado como un gran peligro para México, que atenta contra los derechos humanos de las generaciones de mexicanos presentes y futuras.

La medida sí privatiza, porque permite la explotación comercial de cuencas que estaban bajo la veda, la maldad del acto es que permite pasar de un régimen de protección y salvaguarda a uno de explotación de más de la mitad del agua del país, un gran negocio.

Las consecuencias, en efecto, pasan a ser para los núcleos agrarios y siguiendo la lógica y trayectoria del presente régimen, lo más probable es que las concesiones sean otorgadas a OHL o Grupo Higa, o mejor, a los consentidos del sexenio.

El decreto debe ser revocado por su oscuridad y riesgos, en particular para las comunidades indígenas y los núcleos agrarios que no fueron consultados.

Hoy Peña tiene la oportunidad de retirar y recomponer el decreto, para evitar así un escenario similar al anunciado con la Ley de Seguridad Interior y otras pifias que le acarrearon un gran costo político.

Que quede claro, para ser precisos, no estamos en contra de las concesiones, en lo que no estamos de acuerdo es en permitir que el mayor patrimonio de México que es el agua forme parte de su Año de Hidalgo. Es un negocio que se busca desde la época de Korenfeld y hoy aspiran a hacerlo realidad.

El decreto no es lo correcto, no fue consultado con las comunidades, no se procesó, simple y llanamente, de un plumazo, se definió el destino de la mitad del agua del país.

Estamos en contra de un tiro parto, que busca otorgan nuevas concesiones eliminando la protección ambiental. Como no lograron la aprobación de una ley, se fueron por el atajoque es el decreto. Afortunadamente, siempre que hay malas noticias, hay un dejo de esperanza.

Al final, el hecho nos trae esperanza, este decreto quedará anulado por dos vías: la primera es cuando ganemos el amparo; y la segunda es cuando Andrés Manuel López Obrador sea presidente y regrese la protección y la veda a estas cuencas de agua para conservarlas.

Así como se dio el gasolinazo, en el cual mediante una reforma jurídica se elevó el precio de la gasolina, hoy encontramos su similar en el agua. El decretazo del día 5 de junio que firmó el Presidente para eliminar la veda de 300 cuencas hidrológicas, presumido como un acto para crear una reserva hídrica de uso ambiental, no constituye algo más que un intento de bola rápida, lanzada con la esperanza de que las noticias de la elección oculten la gran infamia.

Maldad sin eficacia, ya que el tema ha sido abordado en todos los foros nacionales e internacionales y calificado como un gran peligro para México, que atenta contra los derechos humanos de las generaciones de mexicanos presentes y futuras.

La medida sí privatiza, porque permite la explotación comercial de cuencas que estaban bajo la veda, la maldad del acto es que permite pasar de un régimen de protección y salvaguarda a uno de explotación de más de la mitad del agua del país, un gran negocio.

Las consecuencias, en efecto, pasan a ser para los núcleos agrarios y siguiendo la lógica y trayectoria del presente régimen, lo más probable es que las concesiones sean otorgadas a OHL o Grupo Higa, o mejor, a los consentidos del sexenio.

El decreto debe ser revocado por su oscuridad y riesgos, en particular para las comunidades indígenas y los núcleos agrarios que no fueron consultados.

Hoy Peña tiene la oportunidad de retirar y recomponer el decreto, para evitar así un escenario similar al anunciado con la Ley de Seguridad Interior y otras pifias que le acarrearon un gran costo político.

Que quede claro, para ser precisos, no estamos en contra de las concesiones, en lo que no estamos de acuerdo es en permitir que el mayor patrimonio de México que es el agua forme parte de su Año de Hidalgo. Es un negocio que se busca desde la época de Korenfeld y hoy aspiran a hacerlo realidad.

El decreto no es lo correcto, no fue consultado con las comunidades, no se procesó, simple y llanamente, de un plumazo, se definió el destino de la mitad del agua del país.

Estamos en contra de un tiro parto, que busca otorgan nuevas concesiones eliminando la protección ambiental. Como no lograron la aprobación de una ley, se fueron por el atajoque es el decreto. Afortunadamente, siempre que hay malas noticias, hay un dejo de esperanza.

Al final, el hecho nos trae esperanza, este decreto quedará anulado por dos vías: la primera es cuando ganemos el amparo; y la segunda es cuando Andrés Manuel López Obrador sea presidente y regrese la protección y la veda a estas cuencas de agua para conservarlas.