por Otoniel Varas de Valdez González
El derecho de acceso a la información posibilita que las personas solicitemos, recibamos y difundamos información pública que posean, generen o administren los gobiernos, poderes judiciales, poderes legislativos, partidos políticos, universidades públicas, entre muchas otras instituciones y entes públicos.
Es a través del derecho a la información (DAI) que podemos saber cosas tan elementales como cuánto costó una calle, un puente, un parque; cuánto ganan las y los servidores públicos; quiénes proveen los bienes y servicios a los gobiernos y a qué precio; por mencionar algunas, como también cuestiones de trascendencia social y de interés público, por ejemplo; la averiguación previa de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero (que ya se encuentra disponible en versión pública); información relacionada con el caso Odebrecht; el desbasto de medicamentos en hospitales públicos o información relacionada con la pandemia del COVID-19.
Lograr el reconocimiento de este derecho no fue fácil, en 1977 se estableció en el artículo sexto de la Constitución que “El derecho a la información será garantizado por el Estado”, una frase de 10 palabras que cambiaría la historia de nuestro país, y que tardaríamos años en comprender a qué se refería, teniendo que vivir episodios oscuros para encontrarle sentido pues tuvieron que pasar 30 años, para que en 2007 ocurriera la primera reforma en materia de acceso a la información que le diera cuerpo y sentido a este derecho humano, y que justamente fue la exigencia social la que detonó en la transformación de este derecho. Imagínense, al principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que este derecho no suponía que las personas pudiéramos preguntarle en el momento que quisiéramos al gobierno, y que se trataba más de una prerrogativa de los partidos políticos para difundir sus plataformas en medios de comunicación.
Este derecho ha permitido mejorar la vida de las personas, no olvidemos que la información es poder y también tenemos derecho a saber, gracias a este derecho es que podemos preguntar y obtener información con total libertad. Ha sido un parteaguas de información valiosa que se guardaba en secrecía y alimentaba la corrupción e impunidad en nuestro país.
En Nosotrxs creemos firmemente que el DAI es necesario para la exigencia colectiva de derechos, por ello, el punto de partida es que todas las personas conozcan cómo ejercerlo y también cómo defenderlo cuando los gobiernos o entidades públicas se niegan a entregar lo que es público (medios de defensa).
El año pasado, realizamos junto con el INAI un programa llamado “Contagia Tus Derechos” cuyo propósito fue socializar el DAI con personas de distintos municipios de México con el menor índice de desarrollo para que conocieran cómo obtener información de las autoridades sanitarias para la toma de decisiones y la exigencia del derecho a la protección de los datos personales considerando la situación de la pandemia.
La ruta es clara: el derecho a la información debe estar al alcance de todas las personas, los esfuerzos del INAI, los organismos garantes de los estados, los gobiernos y la sociedad civil organizada deben estar encaminados a socializar el ejercicio de este derecho y su defensa.
Especialista en Transparencia y Acceso a la Información, representante de Nosotrxs en Jalisco; @OtonielvV
