/ lunes 12 de octubre de 2020

El derecho a la organización civil

Después del inicio de la revolución mexicana, pasaron 19 años de guerras, asesinatos, ajustes de cuentas, hasta que en 1929 se asientan las broncas al constituirse el Partido Nacional Revolucionario, éste se transforma en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, y en 1946 se reconstruye como Partido Revolucionario Institucional. Este partido ejerció pleno control de los cambios políticos a través del corporativismo de los sectores obrero, campesino, popular urbano y empresarial; es el régimen de partido único, cuya cabeza principal era el Presidente en turno, quien decidía al presidente del “partido de la revolución” como si fuese un miembro más de su gabinete. El Presidente decidía a su sucesor. Todos se disciplinaban a su decisión: congresos, gobiernos estatales, poder judicial, todos eran nombrados por el Presidente; la simulación de las elecciones servía para placear a los ungidos. El corporativismo institucionalizado le garantizaba cierta estabilidad hasta la época de Díaz Ordaz.


La historia constata que la exigencia de apertura democrática y los señalamientos contra la corrupción gubernamental fue decisiva para poco a poco ir logrando los cambios. El crecimiento de las clases medias y el acceso a la educación fueron elementos fundamentales para la demanda democrática. Una muestra fue las protestas estudiantiles del 68. La respuesta opresora del régimen aún cuando se pretendió ocultar la repercusión de la masacre, no pudo evitar evidenciar que ese control férreo del presidencialismo autoritario, debía ser acotado.


Echeverría llega al poder y su actitud despótica se expresa al año siguiente de su gobierno con el asesinato el 10 de junio de más de un centenar de estudiantes perpetrado por el grupo paramilitar conocido como los halcones. El crecimiento de la inconformidad es base de la conformación de organizaciones guerrilleras. Este contexto obliga al régimen priista a cambios electorales que concreta López Portillo con la primera reforma electoral del siglo pasado en 1977/79.


Conviene recordar esta parte de la historia para redimensionar el daño que le ha hecho al Estado Democrático de Derecho el presidencialismo, que se sustenta y se sostiene en base a poderes meta constitucionales.


Y es necesario recordarlo porque hoy López Obrador nos está llevando a un retroceso al contexto que no podemos permitir regrese México, particularmente a dos asuntos deleznables: el autoritarismo y la corrupción.


AMLO nos pretende regresar a la época del partido único; obsérvese su constante expresión lapidaria contra quienes no están de acuerdo con él; y no sólo no ha terminado con la corrupción, sino que hay serias expresiones de manejos discrecionales de recursos públicos. Obras sin licitar, desaparición de programas para fomento de diversos derechos, omisiones en el tratamiento de la pandemia, interrupción de tratamientos médicos de enfermedades endémicas, conformación de un corporativismo electoral con el reparto de dineros, son muestras de corrupción.


No permitamos que el Presidente limite nuestro derecho a reunirnos, a organizarnos con quieres queramos. Como antes, nada evitará que manifestemos nuestra preocupación respecto a lo que observamos es incorrecto; nada impedirá que incidamos en diversas organizaciones para ejercer nuestro derecho inalienable para modificar la forma de gobierno, por el bien de México.

Después del inicio de la revolución mexicana, pasaron 19 años de guerras, asesinatos, ajustes de cuentas, hasta que en 1929 se asientan las broncas al constituirse el Partido Nacional Revolucionario, éste se transforma en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, y en 1946 se reconstruye como Partido Revolucionario Institucional. Este partido ejerció pleno control de los cambios políticos a través del corporativismo de los sectores obrero, campesino, popular urbano y empresarial; es el régimen de partido único, cuya cabeza principal era el Presidente en turno, quien decidía al presidente del “partido de la revolución” como si fuese un miembro más de su gabinete. El Presidente decidía a su sucesor. Todos se disciplinaban a su decisión: congresos, gobiernos estatales, poder judicial, todos eran nombrados por el Presidente; la simulación de las elecciones servía para placear a los ungidos. El corporativismo institucionalizado le garantizaba cierta estabilidad hasta la época de Díaz Ordaz.


La historia constata que la exigencia de apertura democrática y los señalamientos contra la corrupción gubernamental fue decisiva para poco a poco ir logrando los cambios. El crecimiento de las clases medias y el acceso a la educación fueron elementos fundamentales para la demanda democrática. Una muestra fue las protestas estudiantiles del 68. La respuesta opresora del régimen aún cuando se pretendió ocultar la repercusión de la masacre, no pudo evitar evidenciar que ese control férreo del presidencialismo autoritario, debía ser acotado.


Echeverría llega al poder y su actitud despótica se expresa al año siguiente de su gobierno con el asesinato el 10 de junio de más de un centenar de estudiantes perpetrado por el grupo paramilitar conocido como los halcones. El crecimiento de la inconformidad es base de la conformación de organizaciones guerrilleras. Este contexto obliga al régimen priista a cambios electorales que concreta López Portillo con la primera reforma electoral del siglo pasado en 1977/79.


Conviene recordar esta parte de la historia para redimensionar el daño que le ha hecho al Estado Democrático de Derecho el presidencialismo, que se sustenta y se sostiene en base a poderes meta constitucionales.


Y es necesario recordarlo porque hoy López Obrador nos está llevando a un retroceso al contexto que no podemos permitir regrese México, particularmente a dos asuntos deleznables: el autoritarismo y la corrupción.


AMLO nos pretende regresar a la época del partido único; obsérvese su constante expresión lapidaria contra quienes no están de acuerdo con él; y no sólo no ha terminado con la corrupción, sino que hay serias expresiones de manejos discrecionales de recursos públicos. Obras sin licitar, desaparición de programas para fomento de diversos derechos, omisiones en el tratamiento de la pandemia, interrupción de tratamientos médicos de enfermedades endémicas, conformación de un corporativismo electoral con el reparto de dineros, son muestras de corrupción.


No permitamos que el Presidente limite nuestro derecho a reunirnos, a organizarnos con quieres queramos. Como antes, nada evitará que manifestemos nuestra preocupación respecto a lo que observamos es incorrecto; nada impedirá que incidamos en diversas organizaciones para ejercer nuestro derecho inalienable para modificar la forma de gobierno, por el bien de México.