/ miércoles 27 de marzo de 2019

El derecho a la verdad

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Esta efeméride se refiere al derecho de familiares de víctimas de ejecuciones, desapariciones forzadas, secuestro y tortura, a conocer qué sucedió con sus seres queridos. El último sexenio en México estuvo marcado por una terrible ola de violaciones de la que hoy el gobierno en turno trata de dar cuentas.

En el marco de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Gobernación puso en la mesa una de las “herencias más dolorosas” del sexenio peñista. La terrible cifra de 42 mil desaparecidos y una “deuda forense” de 26 mil cuerpos de fallecidos no identificado, retratan un México de impunidad que arrebató a miles de familia la memoria, el duelo y la dignidad de sus seres queridos.

Al margen de estos sucesos, se reconoció también, la inoperatividad de un Sistema Nacional de Búsqueda, que más allá de otorgar resultados, ha dado serios problemas al poder Ejecutivo, pues apenas en octubre pasado, aun en turno la administración priista, se puedo instalar dicho mecanismo.

Parte de las falencias que derivaron en que este programa no funcionara, se deben a que nació sin fondos, ni coordinación. El Sistema Nacional de Seguridad Pública comprometió recursos a través de uno de los programas del FASP por 28 millones de pesos para que los estados también pudieran aportar y les sirviera de apoyo en la constitución de estas comisiones locales de búsqueda, y ni si quiera con estas medidas se logró operar.

Para abonar a este terrible escenario, fue el mismo gobierno tricolor quien el año pasado, reconoció que se trataba de una falta de coordinación compleja que no sólo representaba un reto en ese marco, sino también a nivel tecnológico, pues solamente la Plataforma México tenía 780 millones de datos, que estaban desvinculados de otras plataformas.

Coincidentemente, el 24 de marzo, es por igual el aniversario luctuoso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, salvadoreño que murió tras denunciar violaciones, en poblaciones vulnerables, en un contexto de conflictos armados, y que dedico su vida a la protección y promoción del ser humano y su dignidad; y también con la muerte de Miroslava Breach, periodista que se dedicó a denunciar actos violatorios de derechos humanos, y que fuera cobardemente asesinada, poniendo el dedo en otro gran tema nacional que no para de exigir atención: desaparición y asesinato de miembros de la prensa.

La verdad es un derecho que dignifica a las víctimas y permite a los seres queridos encontrar, a través de los hechos, la explicación de lo ocurrido. Sin embargo, este derecho se ha visto claramente obstaculizado en el caso mexicano, por unas incesantes impunidad y corrupción, que se han apoderado del Estado, y han hecho que este falle en garantizar la justicia.

La urgente demanda de justicia que heredó el sexenio pasado a la actual administración, deja testimonio de una era de atropellos y violaciones a los derechos humanos, que más allá de sacar el PRI de Los Pinos, transformó a la sociedad mexicana, en una que se ha puesto como meta irreductible el combatir la corrupción, y activar mecanismos que garanticen un acceso a la justicia pleno.

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Esta efeméride se refiere al derecho de familiares de víctimas de ejecuciones, desapariciones forzadas, secuestro y tortura, a conocer qué sucedió con sus seres queridos. El último sexenio en México estuvo marcado por una terrible ola de violaciones de la que hoy el gobierno en turno trata de dar cuentas.

En el marco de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Gobernación puso en la mesa una de las “herencias más dolorosas” del sexenio peñista. La terrible cifra de 42 mil desaparecidos y una “deuda forense” de 26 mil cuerpos de fallecidos no identificado, retratan un México de impunidad que arrebató a miles de familia la memoria, el duelo y la dignidad de sus seres queridos.

Al margen de estos sucesos, se reconoció también, la inoperatividad de un Sistema Nacional de Búsqueda, que más allá de otorgar resultados, ha dado serios problemas al poder Ejecutivo, pues apenas en octubre pasado, aun en turno la administración priista, se puedo instalar dicho mecanismo.

Parte de las falencias que derivaron en que este programa no funcionara, se deben a que nació sin fondos, ni coordinación. El Sistema Nacional de Seguridad Pública comprometió recursos a través de uno de los programas del FASP por 28 millones de pesos para que los estados también pudieran aportar y les sirviera de apoyo en la constitución de estas comisiones locales de búsqueda, y ni si quiera con estas medidas se logró operar.

Para abonar a este terrible escenario, fue el mismo gobierno tricolor quien el año pasado, reconoció que se trataba de una falta de coordinación compleja que no sólo representaba un reto en ese marco, sino también a nivel tecnológico, pues solamente la Plataforma México tenía 780 millones de datos, que estaban desvinculados de otras plataformas.

Coincidentemente, el 24 de marzo, es por igual el aniversario luctuoso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, salvadoreño que murió tras denunciar violaciones, en poblaciones vulnerables, en un contexto de conflictos armados, y que dedico su vida a la protección y promoción del ser humano y su dignidad; y también con la muerte de Miroslava Breach, periodista que se dedicó a denunciar actos violatorios de derechos humanos, y que fuera cobardemente asesinada, poniendo el dedo en otro gran tema nacional que no para de exigir atención: desaparición y asesinato de miembros de la prensa.

La verdad es un derecho que dignifica a las víctimas y permite a los seres queridos encontrar, a través de los hechos, la explicación de lo ocurrido. Sin embargo, este derecho se ha visto claramente obstaculizado en el caso mexicano, por unas incesantes impunidad y corrupción, que se han apoderado del Estado, y han hecho que este falle en garantizar la justicia.

La urgente demanda de justicia que heredó el sexenio pasado a la actual administración, deja testimonio de una era de atropellos y violaciones a los derechos humanos, que más allá de sacar el PRI de Los Pinos, transformó a la sociedad mexicana, en una que se ha puesto como meta irreductible el combatir la corrupción, y activar mecanismos que garanticen un acceso a la justicia pleno.