“Si sigue lloviendo, el dique se va a romper.”
Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie
Para nadie es un secreto: estamos viviendo un desgaste institucional que puede traer consecuencias calamitosas y -querámoslo o no-, cuando las instituciones se debilitan aparece la violencia.
Esto es precisamente lo que, desde hace algunos meses, ha sucedido en el estado de Chihuahua.
En 1944, México firmó el “Tratado de Aguas” con Estados Unidos para determinar los mecanismos de asignación de las aguas de los ríos Bravo y Colorado.
Este tratado se considera especialmente beneficioso para nosotros ya que, en términos totales, México recibe más de cuatro veces la cantidad de agua de la que tiene que entregarle a los estadounidenses.
Por esta razón, el presidente López Obrador ha reiterado en varias ocasiones la importancia que tiene para los intereses nacionales el cumplir con este acuerdo en tiempo y forma.
El 19 de julio de este año, las redes sociales empezaron a inundarse con videos que mostraban un enfrentamiento en la presa “Las Vírgenes” en Rosales, Chihuahua, entre agricultores que se oponían a la extracción del agua y elementos de la Guardia Nacional, en el que las autoridades dispersaron a los agricultores utilizando balas de goma y gas lacrimógeno.
La mañana del 20 de julio, al ser cuestionado sobre el incidente, López Obrador señaló que en el país vecino están cerca las elecciones presidenciales y advirtió que un incumplimiento de nuestra parte, podría ser un buen pretexto para que algún candidato se sumara votos con la promesa de revisar los términos de este tratado.
Al mismo tiempo, el presidente mexicano señaló que en Chihuahua también está por iniciar el proceso electoral y desestimó la protesta como “oportunismo político, politiquería (...) porque están queriendo sacar raja política.”
Desde ese día, López Obrador intentó tranquilizar a los campesinos y agricultores de Chihuahua asegurando que hay agua suficiente para cumplir con el tratado sin que la población se viera afectada (porque no sólo es el agua como líquido vital para beber. La gente en Chihuahua la trabaja, la usa para sembrar y también cultiva peces en las presas).
Lo anterior fue respaldado por CONAGUA y por el Comité Nacional de Grandes Presas, conformado por distintas entidades de gobierno y por instituciones de investigación, como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM.
Sin embargo, esto no fue suficiente para tranquilizar a la gente. Las protestas continuaron y cada vez que se le preguntaba, la respuesta del presidente fue la misma: Que era una cuestión de manipulación por intereses electorales.
Durante semanas, el mandatario sostuvo la misma línea y el tema pasó a un segundo plano hasta que, el 9 de septiembre, un grupo muy grande de agricultores y manifestantes se dirigieron hacia la presa “La Boquilla” en Delicias, Chihuahua, y lograron hacer que la Guardia Nacional se pusiera en retirada.
Una vez más, las redes sociales se inundaron de videos en los que se observaba la larga fila de elementos de las fuerzas armadas, marchando cabizbajos porque no pudieron cumplir con su misión, mientras la gente les gritaba: “¡Con Chihuahua no se juega! ¡Ánimo que no es culpa de ustedes, es del presidente! ¡Ánimo, gente ánimo!”
Al poco tiempo se daría a conocer que el saldo de esa protesta no fue blanco. En circunstancias que aún no están claras, dos personas civiles (un hombre y una mujer) resultaron muertos por armas de fuego activadas por elementos de la Guardia Nacional.
¿Qué motivó estas protestas? ¿Manipulación política o desconfianza en las autoridades?
De momento, la reflexión que esto nos deja es que el miedo a quedarse sin agua, puede ser mucho más poderoso que cualquier compromiso institucional... En especial, cuando la confianza en las instituciones se ha desgastado tanto que está a punto de romperse.
