/ lunes 23 de enero de 2023

El diablo está en los detalles

Keyla Vargas | Integrante de Casede

El pasado jueves 19 de enero el juez Brian Cogan, magistrado reconocido por juzgar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” en una corte de Nueva York, presentó los nombres de los testigos que declararán contra el exfuncionario mexicano Genaro García Luna, así como las reglas bajo las cuales se conducirán las participaciones de la fiscalía y defensa.

Entre estas directrices se encuentra la limitación de la defensa para ahondar sobre el estilo de vida que el ex funcionario tuvo en Miami, del cual podría inferirse su potencial participación en redes de lavado de dinero derivado de las actividades del cártel de Sinaloa. A la luz del litigio estratégico por la vía civil impulsado por la Unidad de Inteligencia Financiera por peculado y enriquecimiento ilícito, se esperaba que el juicio de Nueva York incluyera lavado de dinero entre los cargos contra Luna.

En efecto, si los cargos presentados en Estados Unidos son por tráfico de drogas y por protección de una empresa criminal, los elementos probatorios de sobornos recibidos por Luna podrían ser irrelevantes.

En este caso, donde coinciden varios juicios en distintas jurisdicciones donde se entremezclan narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, se pondrá a prueba si México y Estados Unidos cuentan con la capacidad técnica y voluntad política de actuar en conjunto desde el ámbito de la justicia, como lo han hecho durante los últimos 10 años con el combate frontal a los carteles de la droga.

Además, como señala la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un elemento clave para que la cooperación internacional sea efectiva en el combate de este fenómeno es la capacidad de los Estados parte de favorecer la recuperación de activos. Desafortunadamente, estos estándares internacionales son insuficientes si se ven obstaculizados por actividades delictivas como los delitos que desencadenan operaciones con recursos de origen ilícito.

Finalmente, recordar que su impacto alcanza todas las esferas sociales, económica, financiera y de seguridad y erosiona el tejido social. Por ello, si se considera que la política de austeridad impulsada en la actual administración federal tiene como principal reto no caer en el endeudamiento y seguir fomentando el desarrollo, la vía de recuperación de activos vinculados con la corrupción es un espacio de oportunidad con múltiples beneficios.


Keyla Vargas | Integrante de Casede

El pasado jueves 19 de enero el juez Brian Cogan, magistrado reconocido por juzgar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” en una corte de Nueva York, presentó los nombres de los testigos que declararán contra el exfuncionario mexicano Genaro García Luna, así como las reglas bajo las cuales se conducirán las participaciones de la fiscalía y defensa.

Entre estas directrices se encuentra la limitación de la defensa para ahondar sobre el estilo de vida que el ex funcionario tuvo en Miami, del cual podría inferirse su potencial participación en redes de lavado de dinero derivado de las actividades del cártel de Sinaloa. A la luz del litigio estratégico por la vía civil impulsado por la Unidad de Inteligencia Financiera por peculado y enriquecimiento ilícito, se esperaba que el juicio de Nueva York incluyera lavado de dinero entre los cargos contra Luna.

En efecto, si los cargos presentados en Estados Unidos son por tráfico de drogas y por protección de una empresa criminal, los elementos probatorios de sobornos recibidos por Luna podrían ser irrelevantes.

En este caso, donde coinciden varios juicios en distintas jurisdicciones donde se entremezclan narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, se pondrá a prueba si México y Estados Unidos cuentan con la capacidad técnica y voluntad política de actuar en conjunto desde el ámbito de la justicia, como lo han hecho durante los últimos 10 años con el combate frontal a los carteles de la droga.

Además, como señala la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un elemento clave para que la cooperación internacional sea efectiva en el combate de este fenómeno es la capacidad de los Estados parte de favorecer la recuperación de activos. Desafortunadamente, estos estándares internacionales son insuficientes si se ven obstaculizados por actividades delictivas como los delitos que desencadenan operaciones con recursos de origen ilícito.

Finalmente, recordar que su impacto alcanza todas las esferas sociales, económica, financiera y de seguridad y erosiona el tejido social. Por ello, si se considera que la política de austeridad impulsada en la actual administración federal tiene como principal reto no caer en el endeudamiento y seguir fomentando el desarrollo, la vía de recuperación de activos vinculados con la corrupción es un espacio de oportunidad con múltiples beneficios.