En medio de una terrible renegociación del TLCAN y una tensa relación bilateral con los Estados Unidos, se ha reactivado uno de los grandes pendientes en la agenda, el control de armas. Ante un imparable aumento de la inseguridad en los últimos años -que no ha sido mitigado por la actual administración-, el flujo y tráfico de armas, ejemplifican la compleja realidad en la que está enquistado nuestro país. No se ha tenido voluntad para acabar con los espirales de pobreza, corrupción, desigualdad y violencia que sólo vislumbran futuros sombríos.
Con más de 18 mil homicidios dolosos registrados el año pasado, 2017 ha sido catalogado por especialistas y autoridades como el peor año en inseguridad en las últimas 3 décadas. El Observatorio Nacional Ciudadano destaca que, en México durante el año pasado, cada 18 minutos fue asesinada una persona por homicidio doloso.
El más reciente informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, señala que los estados con mayores porcentajes de ilícitos cometidos con armas son la CDMX, Guerrero, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa, cuyos indicadores están por encima de la media nacional que se sitúa en 50.2%. En el país circulan tantas armas ilegales, que se podría armar a una de cada tres personas adultas en el país.
Sin embargo, estos problemas también tienen fuertes impactos económicos. Se calcula que la violencia nos costó el año pasado más de 3 billones de pesos. Del otro lado, estimaciones de la Universidad de San Diego, y el Instituto Igarapé, Brasil, señalan que cerca de 2 mil armas provenientes de los Estados Unidos, entran de forma ilegal en territorio mexicano diariamente, lo que equivaldría a 730 mil unidades al año, y por lo que el crimen organizado obtiene ganancias anuales de 127 millones de dólares.
El año pasado, el SAT decomisó apenas 87 mil 700 armas y cartuchos que pretendían ser introducidos de manera ilegal por las aduanas de la frontera norte del país. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, ha reconocido incluso que el 65% de los ingresos ilegales de las armas está destinado a abastecer a los cárteles de la droga y al crimen organizado, mientras que el 35% restante lo poseen civiles como alternativa de defensa ante la ola de inseguridad que crece en el país.
El Colegio de la Frontera Norte ha señalado que, entre los efectos más preocupantes generados por el tráfico de armas, están el empoderamiento de la ilegalidad, la vinculación de jóvenes a prácticas delictivas, las muertes violentas y/o accidentales, y la expansión de una cultura de apología a través de los medios.
Hace unos días el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera lanzó un enérgico llamado a la Cámara de Diputados para que ésta, discuta la minuta sobre la Ley de Armas que lleva un año congelada, a pesar de que se impulsó desde la misma Comisión Nacional de Seguridad en acuerdo con la CONAGO, el legislar lo antes posible con la finalidad de limitar de manera el acceso a las armas, verificar su control y fijar lineamientos que impidan que las armas norteamericanas fluyan en el país.
En San Lázaro el PRI ha mantenido un recelo constante con discutir estos grandes temas y llevarlos al Pleno legislativo. Hoy ante una grave crisis de inseguridad en la que más de un conocido ha sido víctima de violencia, e inundados de promesas electorales, los priistas deberían demostrar que más allá de los discursos, hay voluntad para cambiar el país, sobre todo en un asunto tan sensible, la ciudadanía está harta y es urgente que podamos legislar al respecto.
Diputada por Movimiento Ciudadano.
