Por: Chrístel Rosales Vargas
Aranza S. B., de 16 años de edad, desapareció el 28 de marzo pasado en San Jerónimo Ixtapantongo, Ixtlahuaca en el Estado de México. Desde el primer momento, se dio parte a la Comisión de Búsqueda del estado, quienes ofrecieron asesoría e indicaron la necesidad de “esperar” mientras la Fiscalía y la propia comisión realizaban las diligencias necesarias. Días después, su familia pudo rastrear una llamada de su celular, realizada desde Tepito en la Ciudad de México, y así lo informaron oportunamente a las autoridades. Durante casi un mes de espera, no recibieron noticias de su paradero ni de los avances de la investigación.
La tragedia podía empezar a olerse, pero la historia dio un giro: en la noche del domingo 19 de abril Aranza fue localizada. Sana y salva.
Otras miles de historias como ésta no acaban de la misma forma. Según cifras oficiales, para diciembre 2019 se tenía registro de más de 61 mil personas desaparecidas. Las mujeres en ese grupo tenían en su mayoría de 15 a 24 años de edad.
Ante esta crisis humanitaria, las madres y familiares de los desaparecidos han suplido las funciones del Estado y se han volcado en su búsqueda.
Sin embargo, a mitad de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por grupos de familiares y organizaciones, anunció la suspensión de sus labores de búsqueda en campo, y pidió a las comisiones de búsqueda, de atención a víctimas y fiscalías especializadas que reaccionaran con un plan integral, pues la suspensión de labores por parte de los familiares no podía dar pie a una ‘tregua’ en el deber del Estado: la búsqueda.
Semanas después de aquel pronunciamiento, no tenemos información clara respecto a ese plan alternativo. Tal como sucede en muchos otros temas, las acciones de búsqueda inmediata y la integración de las investigaciones por parte de las fiscalías varían en función de cada entidad federativa y, posiblemente, de cada caso denunciado. Tanto organismos internacionales como académicos y expertos, han insistido en la necesidad de contar con protocolos homologados, acciones de búsqueda en vida e investigaciones complejas que estudien el contexto y desenmarañen las redes de macrocriminalidad responsables de esta tragedia.
Al respecto, el Sistema Nacional de Búsqueda ha dado pasos en firme por mejorar la coordinación entre las entidades. Consciente de la limitada capacidad forense a nivel nacional, trabaja por construir un mecanismo extraordinario de identificación forense, junto con organizaciones y familiares de víctimas. El pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados, fallecidos a consecuencia de la Covid-19. Estas acciones buscan igualmente impactar positivamente las labores de identificación.
Pero ¿qué sucede con las acciones de búsqueda? Deben garantizarse. En ellas, el factor tiempo es crítico. Pero el ‘mapa de necesidades’, por así decir, es más amplio. Desde el Sistema Nacional de Búsqueda y desde las fiscalías se deben tomar medidas para priorizar las labores de investigación y persecución penal, a la par que se clarifica la forma en que se aseguran las acciones de búsqueda inmediata y de búsqueda en vida.
Esta contingencia nos ha transformado a todos y representa un reto enorme. Servicios públicos como los relativos a la justicia y a la búsqueda de personas desaparecidas son vitales y requieren de una mayor innovación y priorización en todos su ámbitos. Las desapariciones no dan tregua, tampoco el dolor y preocupación de las familias, en especial las que viven en condición de vulnerabilidad. El infierno que vivieron Aranza y los suyos debe evitarse, corran las emergencias que corran.
*Chrístel Rosales Vargas es investigadora senior del programa de Justicia de México Evalúa.
