Está en marcha una auditoría “especial” en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz por el fallido suministro e instalación de más de seis mil cámaras que debían integrar el Sistema Estatal de Videovigilancia.
“Estará compuesto por estaciones de monitoreo para el seguimiento y la persecución de los delitos. Un centro de datos para el almacenamiento y análisis de video”, explicó el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en octubre de 2017, ante decenas de invitados que escuchaban atentos sus palabras y aplaudían a la menor provocación en la presentación del sistema. “El equipo tecnológico que instalaremos es de los más modernos del mundo. Cada cámara está equipada con inteligencia artificial de última generación”.
Yunes Linares dijo que el sistema hacía tareas inmediatas de reconocimiento facial y vinculaba esos rostros con los archivos del gobierno en tiempo real. También dijo que era capaz de lanzar alertas por comportamientos anormales. La infraestructura tecnológica, repetía el político, era prácticamente inexistente en Veracruz.
“Obviamente tuvimos que hacer un análisis de nuestra capacidad financiera y hacer un ahorro en la Secretaría de Seguridad Pública que nos permita hoy iniciar esta inversión que llevará más de 700 millones de pesos en lo que resta de este año y la mitad del año próximo. Más de 700 millones de pesos para seguridad pública, la inversión más alta en la historia de Veracruz para mejorar la seguridad pública de las y los veracruzanos”, cuando dijo eso sonaron más fuerte los aplausos allá en Xalapa.
A finales del año pasado los políticos veracruzanos comenzaron a preguntar qué había pasado con la inversión histórica en seguridad prometida. Y se ordenó una auditoría integral a los procesos de adquisición e instalación de las seis mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia (exhorto realizado por la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Veracruz-GOEExt. 518-27 de diciembre de 2018).
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ya tomó este asunto en sus manos. Ante la prioridad de acelerar las investigaciones, los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública de Veracruz, Eric Cisneros Juárez y Hugo Gutiérrez Maldonado, interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobierno de Yunes por el presunto delito de fraude en el sistema de videovigilancia. Subrayan que la inversión total fue de mil 100 millones de pesos, pagados a Comtelsat, de Manuel Arroyo, y que solamente operan mil 695 cámaras, de las seis mil 324 prometidas.
La auditoría está en marcha, el gobierno de Cuitláhuac quiere la tecnología prometida y una explicación convincente por los retrasos y sobreprecios, y también se espera que haya castigos. Y sí, nadie puede negar que es una de las inversiones más costosas en la historia de Veracruz.
