/ miércoles 3 de febrero de 2021

El Espectador | En la mira, empresa consentida de EPN

Para pocos es secreto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha declarado enemigo de aquellas empresas que únicamente buscan contrataciones gubernamentales para beneficio propio e inmediato, aunque en algunas ocasiones funcionarios de la cuatroté evidencian lo contrario. En esta situación se ubica Tecnología Aplicada a Negocios, se lo adelanto porque fuentes cercanas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, y a la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, comentan que le siguen de cerca la pista a esta empresa.

Las indagaciones habrían tenido origen en las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares, donde se evidenció que entre 2014 y 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entonces a cargo de Enrique Sánchez Cruz, gastó mil 993 millones de pesos en tecnología.

De la cifra total, a la compañía de Sonia Elisa Mendoza Ruiz tocaron 60 millones 810 mil pesos por un contrato para encargarse de soporte informático y desarrollo e integración de aplicaciones, sin embargo, sobre el mismo quedaron expuestas inconsistencias en los datos y una secuencia de oficios intercambiados con los funcionarios. A las irregularidades hay que sumar que tampoco se pudo comprobar el número de elementos que participaron en cada proyecto, ni que se hayan aplicado criterios de eficiencia y economía en la estimación de horas de las órdenes de servicio; sin olvidar que tampoco se aplicó control a las actividades del personal o a las horas que invirtieron para el desarrollo de sus tareas.

Pero ese no es el único problema que enfrentaría “TecnoAplicada”, ya que nos aseguran que también fue denunciada por haber defraudado a diversos proveedores del sector tecnológico, el monto sumaría los 200 millones de pesos, y se alistan las demandas. Así, es de destacar que sobre esta firma se tiene muy poco conocimiento, ya que no ha subido su acta constitutiva al Registro Público de la Propiedad, aunque sí destaca que la mayoría de sus contratos se registraron durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando sumó 21 por 471.2 millones de pesos, mientras que los últimos cuatro tuvieron lugar en 2019 por otros 103.5 millones de pesos.

Mientras que, sobre Mendoza Ruiz resalta que se acredita como licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por el Tecnológico de Monterrey, aunque no hay cédulas profesionales expedidas a su nombre. Aunado a que también figura como accionista de MC Semau, empresa que vio la luz en octubre de 2020 con miras a ofrecer servicios tecnológicos, por lo que también se colocaría bajo la lupa de los nuevos funcionarios encargados de vigilar que las trampas y los negocios poco transparentes continúen creciendo como hongos a la sombra del poder.

Para pocos es secreto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha declarado enemigo de aquellas empresas que únicamente buscan contrataciones gubernamentales para beneficio propio e inmediato, aunque en algunas ocasiones funcionarios de la cuatroté evidencian lo contrario. En esta situación se ubica Tecnología Aplicada a Negocios, se lo adelanto porque fuentes cercanas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, y a la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, comentan que le siguen de cerca la pista a esta empresa.

Las indagaciones habrían tenido origen en las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares, donde se evidenció que entre 2014 y 2018, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entonces a cargo de Enrique Sánchez Cruz, gastó mil 993 millones de pesos en tecnología.

De la cifra total, a la compañía de Sonia Elisa Mendoza Ruiz tocaron 60 millones 810 mil pesos por un contrato para encargarse de soporte informático y desarrollo e integración de aplicaciones, sin embargo, sobre el mismo quedaron expuestas inconsistencias en los datos y una secuencia de oficios intercambiados con los funcionarios. A las irregularidades hay que sumar que tampoco se pudo comprobar el número de elementos que participaron en cada proyecto, ni que se hayan aplicado criterios de eficiencia y economía en la estimación de horas de las órdenes de servicio; sin olvidar que tampoco se aplicó control a las actividades del personal o a las horas que invirtieron para el desarrollo de sus tareas.

Pero ese no es el único problema que enfrentaría “TecnoAplicada”, ya que nos aseguran que también fue denunciada por haber defraudado a diversos proveedores del sector tecnológico, el monto sumaría los 200 millones de pesos, y se alistan las demandas. Así, es de destacar que sobre esta firma se tiene muy poco conocimiento, ya que no ha subido su acta constitutiva al Registro Público de la Propiedad, aunque sí destaca que la mayoría de sus contratos se registraron durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando sumó 21 por 471.2 millones de pesos, mientras que los últimos cuatro tuvieron lugar en 2019 por otros 103.5 millones de pesos.

Mientras que, sobre Mendoza Ruiz resalta que se acredita como licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por el Tecnológico de Monterrey, aunque no hay cédulas profesionales expedidas a su nombre. Aunado a que también figura como accionista de MC Semau, empresa que vio la luz en octubre de 2020 con miras a ofrecer servicios tecnológicos, por lo que también se colocaría bajo la lupa de los nuevos funcionarios encargados de vigilar que las trampas y los negocios poco transparentes continúen creciendo como hongos a la sombra del poder.