/ lunes 1 de abril de 2019

El Espectador | Investigan a empleados de la Secretaría de la Función Pública

Empleados de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son investigados penal y administrativamente por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus labores que afectaron a Logística de Fluidos y Gráneles, empresa que tiene la concesión para operar una terminal en la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima, para el manejo de fluidos de cualquier tipo, granel agrícola, fertilizantes y carbón.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió el expediente por la vía penal, mientras que la SFP hizo lo propio en materia administrativa.

Ambas instancias investigan la actuación de Román Pablo Rangel Pinedo, titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API Manzanillo), y de Nora Alba Borrego Balleza, titular del Área de Quejas de la API Manzanillo, entre otros servidores públicos.

El 19 de febrero de 2019, la FGR solicitó a la API Manzanillo los domicilios de ambos funcionarios y un informe de las atribuciones que realizan con motivo de su empleo o comisión, así como un listado de los servidores públicos que laboraban entre octubre y noviembre de 2018 en el Órgano Interno de Control y el Área de Quejas. Lo anterior “toda vez que dicha información resulta indispensable para el desarrollo de la presente investigación”, establece la FGR en el oficio AYD-MAN-148/2019, por la carpeta de investigación FED/COL/MAN/0000044/2019.

Desde diciembre del año pasado, la SFP comenzó con la investigación contra los dos empleados y también contra Luis Manuel Ávila Yépez, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval avanza en la investigación a raíz de una queja interpuesta por la empresa Logística de Fluidos y Graneles por la probable comisión de faltas administrativas graves de los funcionarios, quienes presuntamente filtraron documentos oficiales reservados.

La SFP destacó que se determinarán las líneas de investigación que resulten procedentes para la debida integración del expediente y, una vez agotadas y de acreditarse hechos ilegales, se realizará la calificación de la conducta presuntamente irregular y en su momento se emitirá el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa previsto en el artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con fuentes de Manzanillo, a Rangel Pinedo se le vincula con Porter FG México, de Esteban Miranda Soto, empresa a la que se le negó una concesión para construir y operar una terminal de uso particular especializada en el manejo de fluidos petroleros y no petroleros en la Laguna de Cuyutlán. Ante el rechazo de su solicitud de concesión, Porter FG es señalada por presuntamente haber emprendido una campaña de desprestigio contra funcionarios de la API y la empresa Logística de Fluidos y Gráneles.

Empleados de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son investigados penal y administrativamente por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus labores que afectaron a Logística de Fluidos y Gráneles, empresa que tiene la concesión para operar una terminal en la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima, para el manejo de fluidos de cualquier tipo, granel agrícola, fertilizantes y carbón.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió el expediente por la vía penal, mientras que la SFP hizo lo propio en materia administrativa.

Ambas instancias investigan la actuación de Román Pablo Rangel Pinedo, titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API Manzanillo), y de Nora Alba Borrego Balleza, titular del Área de Quejas de la API Manzanillo, entre otros servidores públicos.

El 19 de febrero de 2019, la FGR solicitó a la API Manzanillo los domicilios de ambos funcionarios y un informe de las atribuciones que realizan con motivo de su empleo o comisión, así como un listado de los servidores públicos que laboraban entre octubre y noviembre de 2018 en el Órgano Interno de Control y el Área de Quejas. Lo anterior “toda vez que dicha información resulta indispensable para el desarrollo de la presente investigación”, establece la FGR en el oficio AYD-MAN-148/2019, por la carpeta de investigación FED/COL/MAN/0000044/2019.

Desde diciembre del año pasado, la SFP comenzó con la investigación contra los dos empleados y también contra Luis Manuel Ávila Yépez, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval avanza en la investigación a raíz de una queja interpuesta por la empresa Logística de Fluidos y Graneles por la probable comisión de faltas administrativas graves de los funcionarios, quienes presuntamente filtraron documentos oficiales reservados.

La SFP destacó que se determinarán las líneas de investigación que resulten procedentes para la debida integración del expediente y, una vez agotadas y de acreditarse hechos ilegales, se realizará la calificación de la conducta presuntamente irregular y en su momento se emitirá el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa previsto en el artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con fuentes de Manzanillo, a Rangel Pinedo se le vincula con Porter FG México, de Esteban Miranda Soto, empresa a la que se le negó una concesión para construir y operar una terminal de uso particular especializada en el manejo de fluidos petroleros y no petroleros en la Laguna de Cuyutlán. Ante el rechazo de su solicitud de concesión, Porter FG es señalada por presuntamente haber emprendido una campaña de desprestigio contra funcionarios de la API y la empresa Logística de Fluidos y Gráneles.