/ lunes 25 de febrero de 2019

El Espectador | Investigan a proveedores de comida para presos

Algunos poderosos empresarios de este país están esperando que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los salpique con un delicado tema esta semana en su conferencia mañanera. Ha dado señales de ello en los últimos días, con ese misterio que ronda entre chisme y buscapiés mediático, y entre acusación sin pruebas o amenaza de castigo con todo el aparato del Estado. Se espera que esta semana hable de las proveedoras de alimentos de los penales operados por el gobierno.

Los asuntos pueden ir desde la mala calidad de la comida que sirven, hasta los sobreprecios y conflictos de interés. Son contratos grandes, por mucho dinero, que se manejan con opacidad y mucha discreción. Temen que suelte nombres.

Desde hace años han salido acusaciones que poca trascendencia tienen entre los consumidores de información. Sobran los reportajes que hablan de las cárceles de este país y negocios millonarios que se hacen con los internos. Hay que recordar que, además de las cárceles que administra el gobierno federal, están los siete penales que operan con el modelo de Asociaciones Público Privadas (APP), en los estados de Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Durango, Sonora, Oaxaca y Morelos.

Los mensajes de López Obrador en su mañanera, sobre los penales y supuestas irregularidades, han causado expectativas negativas entre los empresarios involucrados en estos negocios que daban dinero fácil ganando el contrato adecuado con el personaje indicado. El asunto está a cargo de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, quien supuestamente no se anda con medias tintas y ya tienen identificadas a algunas firmas con presunto historial turbio. Todos tiemblan.

En la mira de las autoridades, nos cuentan, está el Corporativo Kosmos y sus filiales La Cosmopolitana, Serel y Koltov, empresas de Jack Landsmanas, a las que incluso ya se les investiga en otras instituciones. La orden es que se revisen con lupa los contratos vigentes con alguna de estas empresas. Al interior del gobierno ya se intercambian oficios buscando nexos y firmas.

La Cosmopolitana y Serel son empresas que mucho se mencionan en los últimos días entre empresarios. La primera firmó un contrato abierto multianual en 2017 con la Secretaría de Gobernación para dotar de alimentos a la totalidad de personas privadas de su libertad, así como al personal técnico y administrativo de los centros penitenciarios, esto sin importar que fuera la misma empresa que en 2014 fue multada por darle comida con salmonella a reos del Penal de Puente Grande. Tampoco interesó que en 2011 se presentaron quejas ante la CNDH contra la firma por supuestamente distribuir comida antihigiénica a los reos.

La Cosmopolitana como Serel están implicadas también en los sobreprecios de despensas que se vendieron al gobierno de Nicolás Maduro.

Algunos poderosos empresarios de este país están esperando que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los salpique con un delicado tema esta semana en su conferencia mañanera. Ha dado señales de ello en los últimos días, con ese misterio que ronda entre chisme y buscapiés mediático, y entre acusación sin pruebas o amenaza de castigo con todo el aparato del Estado. Se espera que esta semana hable de las proveedoras de alimentos de los penales operados por el gobierno.

Los asuntos pueden ir desde la mala calidad de la comida que sirven, hasta los sobreprecios y conflictos de interés. Son contratos grandes, por mucho dinero, que se manejan con opacidad y mucha discreción. Temen que suelte nombres.

Desde hace años han salido acusaciones que poca trascendencia tienen entre los consumidores de información. Sobran los reportajes que hablan de las cárceles de este país y negocios millonarios que se hacen con los internos. Hay que recordar que, además de las cárceles que administra el gobierno federal, están los siete penales que operan con el modelo de Asociaciones Público Privadas (APP), en los estados de Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Durango, Sonora, Oaxaca y Morelos.

Los mensajes de López Obrador en su mañanera, sobre los penales y supuestas irregularidades, han causado expectativas negativas entre los empresarios involucrados en estos negocios que daban dinero fácil ganando el contrato adecuado con el personaje indicado. El asunto está a cargo de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, quien supuestamente no se anda con medias tintas y ya tienen identificadas a algunas firmas con presunto historial turbio. Todos tiemblan.

En la mira de las autoridades, nos cuentan, está el Corporativo Kosmos y sus filiales La Cosmopolitana, Serel y Koltov, empresas de Jack Landsmanas, a las que incluso ya se les investiga en otras instituciones. La orden es que se revisen con lupa los contratos vigentes con alguna de estas empresas. Al interior del gobierno ya se intercambian oficios buscando nexos y firmas.

La Cosmopolitana y Serel son empresas que mucho se mencionan en los últimos días entre empresarios. La primera firmó un contrato abierto multianual en 2017 con la Secretaría de Gobernación para dotar de alimentos a la totalidad de personas privadas de su libertad, así como al personal técnico y administrativo de los centros penitenciarios, esto sin importar que fuera la misma empresa que en 2014 fue multada por darle comida con salmonella a reos del Penal de Puente Grande. Tampoco interesó que en 2011 se presentaron quejas ante la CNDH contra la firma por supuestamente distribuir comida antihigiénica a los reos.

La Cosmopolitana como Serel están implicadas también en los sobreprecios de despensas que se vendieron al gobierno de Nicolás Maduro.