En Seguridad Alimentaria Mexicana empiezan a prepararse para lo que será una verdadera tormenta, en la que vendrán señalamientos de corrupción contra funcionarios clave de la administración de Ignacio Ovalle, quienes están dejando en estos días sus posiciones para intentar mantener a flote el organismo para cuando el agua llegue al cuello. Desde las oficinas de la Secretaría de la Función Pública y, sobre todo, de la Auditoría Superior de la Federación, empiezan a surgir datos de irregularidades serias en Segalmex dentro de la Cuenta Pública del 2020, con montos que superan por mucho los tres mil millones de pesos que el órgano contralor observó durante 2019.
Los millonarios desfalcos se harían públicos por Ley en el día hábil más cercano al 20 de febrero, cuando la ASF de David Colmenares entregue en la Cámara de Diputados los Informes de Resultados correspondientes al ejercicio 2020. De ahí, el siguiente paso serán las denuncias en materia penal. En este contexto es que se dan las destituciones esta semana de Bernardo Fernández Sánchez, ahora exdirector de Operaciones de Liconsa; Manuel Lozano Jiménez, quien se desempeñaba como director Comercial, y Carlos Antonio Dávila Amerena, el ya depuesto director de Asuntos Jurídicos.
El primer personaje se identifica como la pieza que incrustó en Segalmex el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, mientras que los dos últimos son gente cercana al propio Ignacio Ovalle. Sí, uno de los mejores amigos del Presidente, el que le dio su primer trabajo en la administración pública. De ese tamaño deben estar las cosas. Se espera que en los próximos días salga también del emproblemado organismo Miguel Carrillo Villarreal, por el momento director del programa Precios de Garantía, es decir, el encargado de subsidiar los precios para la compra de los granos básicos, con una bolsa que cada año ronda los 10 mil millones de pesos.
Sobre Carrillo Villarreal hay señalamientos de los propios productores subsidiados, quienes aseguran que los funcionarios de esta área les solicitaban efectivo para entregarles los recipientes en los que debían entregar los granos. En específico, se denunció a un personaje de nombre Carlos de León Reséndiz, encargado de la operación de esos programas.
A poner orden llega Juan Francisco Mora Anaya, quien asumirá a la vez las direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa. Hablamos de un personaje con mucha cercanía al titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, una dependencia que prácticamente tomará el control de esta oficina; la misma que el presidente Andrés Manuel López Obrador soñó como una especie de renacimiento de la Conasupo salinista y que, efectivamente, reprodujo e incluso superó todas sus prácticas de corrupción.
Lo anterior significa también que a Ignacio Ovalle se le retira totalmente el control de su organismo, aunque, por la amistad, seguirá apareciendo en el directorio.
