/ viernes 17 de septiembre de 2021

El Espectador | Proveedora del CJF está al borde del incumplimiento

Entre los empresarios del ramo financiero se comparte la versión de que un personaje, de nombre René Antonio Quintero Ramos, busca desesperadamente inversionistas para participar en un “gran negocio” de proveeduría con el Consejo de la Judicatura Federal, consistente en la venta de un lote de computadoras para el personal del Poder Judicial con valor de 200 millones de pesos.

El dilema del susodicho es que, aun con fallo adjudicado para su empresa Black Ecco y con contrato formalizado ante el CJF de Arturo Zaldívar, no cuenta con los recursos para cumplir con la entrega, pues para asegurar la existencia de los equipos, debe financiar pagos a los fabricantes por más de dos terceras partes de los ingresos que obtendrá como pago final.

Una revisión al historial de la razón social Black Ecco SA de CV en las plataformas de contrataciones públicas es más que suficiente para percatarse de que el negocio que firmó esta compañía con el Poder Judicial es el primero, y quizá será el único, que obtiene con las ya citadas dimensiones en cuanto a recursos invertidos.

Se observa, por ejemplo, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto esta empresa no era más que una proveedora minorista de insumos tecnológicos, consumibles y licencias de software para dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional o la Comisión Federal de Competencia, con contratos que iban desde los tres mil 600 pesos hasta los 600 mil pesos, el más jugoso.

Ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se adjudicó en 2019 dos contratos con la Agencia Notimex, de Sanjuana Martínez, para operar su conmutador con un costo de 430 mil pesos, y para brindarle un Servicio de Seguridad Perimetral por 224 mil pesos. En 2020 Notimex volvió a contratarle el Servicio de Seguridad por 167 mil pesos, y el Instituto Mexicano para la Juventud (Imjuve) le adjudicó el servicio de Arrendamiento de Telefonía IP por 371 mil.

La suerte de Black Ecco y René Quintero cambió el 15 de diciembre del 2020, cuando por convenio con la SHCP y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional se adhirió al Contrato Marco para la Contratación del Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se presentó presumiblemente como parte de Grupo Mainbit.

De inmediato, con su nuevo estatus, la firma se hizo de un par de contratos plurianuales para otorgar servicios de impresión con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con Telecomm Telégrafos de la SCT; el primero por la cantidad total de 25 millones de pesos, mientras que el segundo por una cifra de 20 millones.

Adicionalmente, el Registro Público de Comercio establece que Quintero y un par de socios, de nombre Jorge Kramer Ugarte y Mauricio Martínez Vargas, tienen otras dos razones sociales proveedoras de tecnología: Computianguis SA de CV, con un solo contrato en 2018 por venta de tecnología en 210 mil pesos, y Móvil Evolution SA de CV; esta última con una referencia de servicio de Arrendamiento de Computadoras por 8 millones para el Imjuve.

En números fríos, el contrato obtenido por Black Ecco en el CJF supera en 700 por ciento lo que la empresa ha mostrado como máxima capacidad, por lo que tocará muy seguramente a la contralora del Poder Judicial de la Federación, Arely Gómez, investigar por qué salió el contrato a nombre de una empresa que se encuentra al borde del incumplimiento y, por supuesto de la sanción.


Entre los empresarios del ramo financiero se comparte la versión de que un personaje, de nombre René Antonio Quintero Ramos, busca desesperadamente inversionistas para participar en un “gran negocio” de proveeduría con el Consejo de la Judicatura Federal, consistente en la venta de un lote de computadoras para el personal del Poder Judicial con valor de 200 millones de pesos.

El dilema del susodicho es que, aun con fallo adjudicado para su empresa Black Ecco y con contrato formalizado ante el CJF de Arturo Zaldívar, no cuenta con los recursos para cumplir con la entrega, pues para asegurar la existencia de los equipos, debe financiar pagos a los fabricantes por más de dos terceras partes de los ingresos que obtendrá como pago final.

Una revisión al historial de la razón social Black Ecco SA de CV en las plataformas de contrataciones públicas es más que suficiente para percatarse de que el negocio que firmó esta compañía con el Poder Judicial es el primero, y quizá será el único, que obtiene con las ya citadas dimensiones en cuanto a recursos invertidos.

Se observa, por ejemplo, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto esta empresa no era más que una proveedora minorista de insumos tecnológicos, consumibles y licencias de software para dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional o la Comisión Federal de Competencia, con contratos que iban desde los tres mil 600 pesos hasta los 600 mil pesos, el más jugoso.

Ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se adjudicó en 2019 dos contratos con la Agencia Notimex, de Sanjuana Martínez, para operar su conmutador con un costo de 430 mil pesos, y para brindarle un Servicio de Seguridad Perimetral por 224 mil pesos. En 2020 Notimex volvió a contratarle el Servicio de Seguridad por 167 mil pesos, y el Instituto Mexicano para la Juventud (Imjuve) le adjudicó el servicio de Arrendamiento de Telefonía IP por 371 mil.

La suerte de Black Ecco y René Quintero cambió el 15 de diciembre del 2020, cuando por convenio con la SHCP y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional se adhirió al Contrato Marco para la Contratación del Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se presentó presumiblemente como parte de Grupo Mainbit.

De inmediato, con su nuevo estatus, la firma se hizo de un par de contratos plurianuales para otorgar servicios de impresión con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con Telecomm Telégrafos de la SCT; el primero por la cantidad total de 25 millones de pesos, mientras que el segundo por una cifra de 20 millones.

Adicionalmente, el Registro Público de Comercio establece que Quintero y un par de socios, de nombre Jorge Kramer Ugarte y Mauricio Martínez Vargas, tienen otras dos razones sociales proveedoras de tecnología: Computianguis SA de CV, con un solo contrato en 2018 por venta de tecnología en 210 mil pesos, y Móvil Evolution SA de CV; esta última con una referencia de servicio de Arrendamiento de Computadoras por 8 millones para el Imjuve.

En números fríos, el contrato obtenido por Black Ecco en el CJF supera en 700 por ciento lo que la empresa ha mostrado como máxima capacidad, por lo que tocará muy seguramente a la contralora del Poder Judicial de la Federación, Arely Gómez, investigar por qué salió el contrato a nombre de una empresa que se encuentra al borde del incumplimiento y, por supuesto de la sanción.