/ miércoles 27 de septiembre de 2023

El Estado rebasado por el crimen 

Son muchas las evidencias de que el Estado mexicano se encuentra rebasado por la presencia y operación de las bandas criminales a lo largo del país, con muy escasas excepciones. El desarrollo y extensión de las actividades delictivas han obligado a estos grupos a ampliar sus bases, convirtiéndolos en un ejército de al menos 160 mil efectivos, de acuerdo con un estudio recientemente difundido en la revista Science, una de las publicaciones científicas con mayor prestigio a nivel mundial.

El ejercicio elaborado por los especialistas Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope llega a esta preocupante realidad, lo cual implicaría que los distintos carteles representarían el quinto empleador, por encima de empresas como Petróleos Mexicanos, FEMSA u OXXO.

Si bien se trata de distintas agrupaciones que se disputan territorios y mercados entre sí de manera violenta y por ello no conforman una masa homogénea, sus denominadores comunes son la confrontación con las fuerzas de seguridad pública, la comisión de delitos graves y el abuso permanente a una población cada día más desprotegida.

Si bien se agradecen estudios como el publicado por los citados investigadores, basta con revisar la prensa de manera cotidiana para tener una idea cada más certera de la forma en la que el Estado mexicano ha sido superado por el crimen organizado. Cuando se habla de esta figura, es importante señalar que nos referimos a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como los cuerpos de seguridad e inteligencia, que no han logrado detener la ramificación de los grupos delictivos.

En la actualidad, las principales actividades económicas están supeditadas a las bandas criminales, desde los carteles más sofisticados como el Cartel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana o el Cartel de Sinaloa, o bien las células más pequeñas que tienen presencia en regiones alejadas. La venta de alcohol, tabaco, alimentos, medicinas, productos agrícolas, todo tipo de comercio establecido o ambulante, las obras públicas en municipios y el control de las policías son una muy pequeña muestra de una larga lista de sectores que han sido cooptados por estas agrupaciones.

Ejemplos sobran y se repiten a diario en todos los espacios noticiosos, a tal grado que nuestra sociedad está a punto de perder toda capacidad de asombro y de denuncia ante los hechos sangrientos que se reportan desde distintos puntos de la República. Las carreteras podrían ser una muestra clara de esta preocupante situación y de los alcances que han logrado estas agrupaciones.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año, se registraron 3,495 robos y asaltos en contra de los transportistas de carga, lo que representaría un promedio diario de 40 delitos. Especialistas en estos temas advierten que únicamente uno de cada 5 son denunciados, por lo que la cifra real podría ser muchísimo más alta.

Encerrado en su propio discurso negacionista, el gobierno del presidente López Obrador no ha sido capaz de dar una solución a este problema. A esta administración le resta un año de vida, con uno de los saldos en materia de seguridad más lamentables de la historia reciente, aunque la falsedad de los otros datos intente presentarnos una realidad que sólo existe dentro de Palacio Nacional.

sdelrio1934@gmail.com


Son muchas las evidencias de que el Estado mexicano se encuentra rebasado por la presencia y operación de las bandas criminales a lo largo del país, con muy escasas excepciones. El desarrollo y extensión de las actividades delictivas han obligado a estos grupos a ampliar sus bases, convirtiéndolos en un ejército de al menos 160 mil efectivos, de acuerdo con un estudio recientemente difundido en la revista Science, una de las publicaciones científicas con mayor prestigio a nivel mundial.

El ejercicio elaborado por los especialistas Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope llega a esta preocupante realidad, lo cual implicaría que los distintos carteles representarían el quinto empleador, por encima de empresas como Petróleos Mexicanos, FEMSA u OXXO.

Si bien se trata de distintas agrupaciones que se disputan territorios y mercados entre sí de manera violenta y por ello no conforman una masa homogénea, sus denominadores comunes son la confrontación con las fuerzas de seguridad pública, la comisión de delitos graves y el abuso permanente a una población cada día más desprotegida.

Si bien se agradecen estudios como el publicado por los citados investigadores, basta con revisar la prensa de manera cotidiana para tener una idea cada más certera de la forma en la que el Estado mexicano ha sido superado por el crimen organizado. Cuando se habla de esta figura, es importante señalar que nos referimos a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como los cuerpos de seguridad e inteligencia, que no han logrado detener la ramificación de los grupos delictivos.

En la actualidad, las principales actividades económicas están supeditadas a las bandas criminales, desde los carteles más sofisticados como el Cartel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana o el Cartel de Sinaloa, o bien las células más pequeñas que tienen presencia en regiones alejadas. La venta de alcohol, tabaco, alimentos, medicinas, productos agrícolas, todo tipo de comercio establecido o ambulante, las obras públicas en municipios y el control de las policías son una muy pequeña muestra de una larga lista de sectores que han sido cooptados por estas agrupaciones.

Ejemplos sobran y se repiten a diario en todos los espacios noticiosos, a tal grado que nuestra sociedad está a punto de perder toda capacidad de asombro y de denuncia ante los hechos sangrientos que se reportan desde distintos puntos de la República. Las carreteras podrían ser una muestra clara de esta preocupante situación y de los alcances que han logrado estas agrupaciones.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año, se registraron 3,495 robos y asaltos en contra de los transportistas de carga, lo que representaría un promedio diario de 40 delitos. Especialistas en estos temas advierten que únicamente uno de cada 5 son denunciados, por lo que la cifra real podría ser muchísimo más alta.

Encerrado en su propio discurso negacionista, el gobierno del presidente López Obrador no ha sido capaz de dar una solución a este problema. A esta administración le resta un año de vida, con uno de los saldos en materia de seguridad más lamentables de la historia reciente, aunque la falsedad de los otros datos intente presentarnos una realidad que sólo existe dentro de Palacio Nacional.

sdelrio1934@gmail.com