Innumerables veces, la oposición ha intentado vender la idea de que el presidente es autoritario y transgresor de las libertades republicanas. Nada más alejado de la verdad. Me referiré a tres casos fallidos en que la oposición está tratando de distorsionar la realidad: las reformas al Código Penal de Tabasco, la Ley de Extinción de Dominio y el caso Bonilla en Baja California.
Empezaré por este último tema, y el asunto es muy fácil de comprender. La mayoría del Congreso panista que propuso y aprobó la Ley para la extensión del periodo del gobernador Bonilla es del PAN. ¿Cuánto dinero y sobornos, si es que presuntamente ello ocurrió —aunque todavía no sabemos de quién, ni con qué intenciones—, recibieron los legisladores del Partido Acción Nacional y otros legisladores del Congreso saliente de Baja California para modificar el acuerdo? Lo sabremos muy pronto, pues ya hay investigaciones en curso.
Para el caso de la llamada “Ley Garrote” —bautizada así por el panismo y que en realidad fue hecha por el gobernador Roberto Madrazo en 1997— la trampa es más o menos similar. El PAN está pretendiendo distorsionar lo que realmente pasó. Se plantearon reformas al Código Penal de Tabasco, con el sentido específico de terminar con la extorsión que hacen seudosindicatos a los inversionistas en esa región. Es un problema grave, porque obstruyen a la gente el libre tránsito a obras y caminos, y sólo hasta que se les entregue una determinada cantidad de dinero como cuota los dejan seguir trabajando. Eso es una extorsión a todas luces. Y lo que hizo el Congreso estatal, para apoyar a la población tabasqueña en ese terrible peligro, fue reformar “para que ahora sí, ésta fuera directamente al castigo de los delincuentes”. El texto quedó de la siguiente manera:
Artículo 308 Bis.- Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
¿Quién podría tener alguna objeción a tan claro y contundente planteamiento en favor de la seguridad de los tabasqueños?
La narrativa de los partidos de oposición no ha cambiado, y en la Comisión Permanente del Congreso tuvimos que explicarles, y leerles una y otra vez, cuál fue la propuesta, cómo quedó la redacción y recordarles incluso que varias entidades del país comparten una similar legislación.
En lo referente a la Ley de Extinción de Dominio y la figura de venta anticipada, lo que se pretende es determinar con claridad los casos en los cuales procede la venta anticipada. Esto tiene una racionalidad absoluta, en la consideración de que si los bienes pudieran deteriorarse y perder su valor, podrán venderse para que en el momento en que la Ley defina imputabilidad en los acusados, los bienes decomisados puedan ser usados para beneficio de la colectividad. En caso contrario, el costo del bien decomisado será devuelto a su legítimo dueño.
La oposición insiste en generar un estado de agitación social. Piensa que con mentiras y tramposas argumentaciones podrá convencer a alguien de que estamos en las puertas de la dictadura. Nadie va a creer ninguna de esas mentiras.
Se está cambiando el diseño de la estructura normativa que permitía que las propias leyes fomentaran la impunidad. Se está generando un país más justo para la gente que trabaja y se esfuerza honradamente. Ésta es la 4.ª transformación. Y en eso estamos trabajando la mayoría de los mexicanos
Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena
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