/ martes 3 de diciembre de 2019

El feminicidio de Abril

El terrible feminicidio de Abril Pérez Sagaón demuestra la crisis en nuestros sistemas de procuración y administración de justicia, cuando se trata de juzgar con perspectiva de género en esta ciudad y en todo el país. Sin embargo, también demuestra los problemas de seguridad pública en la capital. La solución más sencilla es culpar, de todo, a los jueces. Incluso es una salida en el corto plazo, pero que a la larga será poco eficaz.


El deber del gobierno de la CDMX es generar seguridad pública y procuración de justicia a todas las mujeres y, en general, a todos los ciudadanos. El gobierno de la ciudad se encuentra estancado en lugares comunes y responsabilizando a los jueces de cualquier problema, mientras suben los índices delictivos donde la mujer es la víctima. El funesto caso de Abril lo ejemplifica de manera redonda. Veamos:


En esta tragedia hay datos que no están sujetos a duda, por ejemplo: el 25 de septiembre de 2019, hubo una audiencia, en la cual Abril Pérez señaló que fue atacada por su esposo Juan Carlos García (otrora ejecutivo de Amazon y Elektra) con un bate de béisbol y un arma punzo cortante, y que gracias a la intervención de su hijo fue que pudo salvar su vida. El mismo Juan Carlos García admitió que ese día hubo una contienda entre ellos.


Juan Carlos García no admitió en sus términos el cómo y las condiciones de la agresión, pero sí que hubo un evento de violencia. En algún momento los jueces de la Ciudad de México le empezaron a fallar a Abril y, con ello, a todo el sistema de impartición de justicia se desmoronó. La primera acusación fue por tentativa de feminicidio y ésta se modificó a violencia familiar y lesiones, con anuencia de los jueces. Sin duda, la modificación del delito por el cual acusan al señor Juan Carlos cambiaba su panorama: entre posibles decenas de años en la cárcel o solo algunos y con opción a beneficios o conmutación de la pena. Aquí pudieron fallar los jueces, pero también pudieron ser los ministerios públicos o quizá todos ellos juntos.


El señor Juan Carlos García obtuvo su libertad, y días después le dispararon a Abril en la calle a plena luz del día. Aquí el razonamiento del gobierno de la Ciudad es: cómo lo liberaron los jueces, es posible que en la calle haya contratado a quienes privaron de la vida a Abril. El razonamiento es erróneo. El Gobierno de la Ciudad de México no tiene control sobre sus cárceles y allí también se contratan sicarios. El problema no fue la libertad o el encierro de Juan Carlos García, el tema es cómo es posible que se pueda cometer un feminicidio a plena luz del día y que no se capture a los agresores. Así de sencillo podemos perder la vida en la capital del país. No es solo problema de los jueces sino de todo el sistema de seguridad pública y procuración de justicia.


Es cierto que el sistema judicial no es óptimo. Que los jueces fallen no suprime el deber de la policía de vigilar las calles, de investigar ante un feminicidio a la luz del día, del ministerio público de hacer su trabajo, o bien, del resto de dirigentes y autoridades de la Ciudad de México de procurar un sistema de seguridad pública integral y adecuado. El problema de impartición de justicia no desvanece las obligaciones de otros funcionarios públicos.

El terrible feminicidio de Abril Pérez Sagaón demuestra la crisis en nuestros sistemas de procuración y administración de justicia, cuando se trata de juzgar con perspectiva de género en esta ciudad y en todo el país. Sin embargo, también demuestra los problemas de seguridad pública en la capital. La solución más sencilla es culpar, de todo, a los jueces. Incluso es una salida en el corto plazo, pero que a la larga será poco eficaz.


El deber del gobierno de la CDMX es generar seguridad pública y procuración de justicia a todas las mujeres y, en general, a todos los ciudadanos. El gobierno de la ciudad se encuentra estancado en lugares comunes y responsabilizando a los jueces de cualquier problema, mientras suben los índices delictivos donde la mujer es la víctima. El funesto caso de Abril lo ejemplifica de manera redonda. Veamos:


En esta tragedia hay datos que no están sujetos a duda, por ejemplo: el 25 de septiembre de 2019, hubo una audiencia, en la cual Abril Pérez señaló que fue atacada por su esposo Juan Carlos García (otrora ejecutivo de Amazon y Elektra) con un bate de béisbol y un arma punzo cortante, y que gracias a la intervención de su hijo fue que pudo salvar su vida. El mismo Juan Carlos García admitió que ese día hubo una contienda entre ellos.


Juan Carlos García no admitió en sus términos el cómo y las condiciones de la agresión, pero sí que hubo un evento de violencia. En algún momento los jueces de la Ciudad de México le empezaron a fallar a Abril y, con ello, a todo el sistema de impartición de justicia se desmoronó. La primera acusación fue por tentativa de feminicidio y ésta se modificó a violencia familiar y lesiones, con anuencia de los jueces. Sin duda, la modificación del delito por el cual acusan al señor Juan Carlos cambiaba su panorama: entre posibles decenas de años en la cárcel o solo algunos y con opción a beneficios o conmutación de la pena. Aquí pudieron fallar los jueces, pero también pudieron ser los ministerios públicos o quizá todos ellos juntos.


El señor Juan Carlos García obtuvo su libertad, y días después le dispararon a Abril en la calle a plena luz del día. Aquí el razonamiento del gobierno de la Ciudad es: cómo lo liberaron los jueces, es posible que en la calle haya contratado a quienes privaron de la vida a Abril. El razonamiento es erróneo. El Gobierno de la Ciudad de México no tiene control sobre sus cárceles y allí también se contratan sicarios. El problema no fue la libertad o el encierro de Juan Carlos García, el tema es cómo es posible que se pueda cometer un feminicidio a plena luz del día y que no se capture a los agresores. Así de sencillo podemos perder la vida en la capital del país. No es solo problema de los jueces sino de todo el sistema de seguridad pública y procuración de justicia.


Es cierto que el sistema judicial no es óptimo. Que los jueces fallen no suprime el deber de la policía de vigilar las calles, de investigar ante un feminicidio a la luz del día, del ministerio público de hacer su trabajo, o bien, del resto de dirigentes y autoridades de la Ciudad de México de procurar un sistema de seguridad pública integral y adecuado. El problema de impartición de justicia no desvanece las obligaciones de otros funcionarios públicos.

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