La primera oleada llega desde el exterior. El proceso que inició a finales de septiembre pasado se exacerbó a partir del 3 de octubre, los mercados financieros han enfrentado una caída que supera el 10%, y en algunos casos 20%, desde los niveles máximos registrados en esa fecha.
Las pérdidas se han generalizado marcando con ello el fin de un periodo de especulación financiera que generó ganancias extraordinarias.
Los movimientos de capitales a nivel internacional han provocado una depreciación de las monedas frente al dólar, algo que muestra hacia dónde se han direccionado los capitales más especulativos.
Tanto el oro como el dólar estadounidenses se ven como reserva de valor en un momento en el que los mercados financieros son presa del nerviosismo. Aun el precio del petróleo ha sido presa de la especulación.
Bajo este contexto, la economía mexicana enfrenta sus propias definiciones. Una desaceleración que avanza durante la transición de gobierno.
La inflación es otra variable que muestra la precariedad de la denominada como estabilidad macroeconómica. La liberalización del precio de los combustibles, el incremento en los costos de la electricidad y otros derivados energéticos, así como la propia depreciación del peso mantienen a la inflación por arriba del 5%.
Al mismo tiempo que esto ocurre, los primeros escarceos entre la próxima administración y las calificadoras financieras han comenzado. La baja en la perspectiva de la calificación de Pemex es una muestra.
En su origen, el problema financiero de la empresa petrolera va más allá de la declaración del presidente electo sobre el cambio de modelo de negocio que desea aplicar a Pemex.
La precariedad del sector energético mexicano tuvo su origen hace cuarenta años, cuando la corrupción y el sistema fiscal aplicado a Pemex distorsionaron lo que debió convertirse en un pilar de desarrollo.
El objetivo de abrir el sector energético durante los años noventa propició el desmantelamiento de la inversión y provocó el deterioro de su infraestructura. Todo ello sin olvidar la presencia sistémica de la corrupción.
La aplicación de un modelo financiero que drena los recursos obtenidos por el sector energético y los traslada al gobierno federal ha impedido una administración sostenible de Pemex.
Modificar lo anterior representa un cambio estructural, y la disminución de la perspectiva de calificación formará parte de las fricciones que ello implica.
Por otro lado, se tiene la situación de la construcción del aeropuerto. Sin lugar a duda que México requiere contar con un aeropuerto de calidad mundial que permita dotar de funcionalidad la comunicación aérea en el centro del país.
Lamentablemente los errores de 2005 enturbiaron un proceso que debió ser técnico y financiero.
La solución acarreará costos para la próxima administración federal, no sólo en términos financieros. Los efectos en el tipo de cambio y en la relación con el sector privado nacional e internacional serán parte de ello.
México deberá entender que, bajo el contexto internacional de volatilidad, la compleja agenda interna podría elevar la incertidumbre sobre un gobierno que aún no comienza.
