Parecería una necedad decirlo a 200 años de que el país emergiera como un Estado de tintes federalistas, que se concretaron en el artículo 5° del Acta Constitutiva de la Federación de 1824: “La nación adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular, Federal”, hoy República Representativa, Democrática, Federal, de acuerdo al artículo 40 constitucional.
Pero, ante la tendencia política dominante, es necesario recapitular nuestra historia, aprender de ella y reorganizar fácticamente el federalismo mexicano, para adaptarlo a los nuevos retos de México.
En todas las latitudes del mundo el centralismo ha sido fuente de inequidades para los pueblos. México no ha sido la excepción en el aprendizaje a través de esta experiencia, aun cuando nuestro federalismo constitucional viene de origen.
Hasta hoy la experiencia sigue corroborando la razón que tenía Alexis de Tocqueville, cuando dijo que el sistema federativo representa una de las más poderosas combinaciones en favor de la prosperidad y la libertad humanas.
Por eso el rumbo que el país tomó hace ya décadas fue el de ampliar su federalismo fáctico, fortaleciendo la esfera de las decisiones en las entidades federativas y dotando a los municipios, base de la división territorial, de mayores facultades administrativas y más recursos para atender las necesidades de la población.
En el federalismo mexicano, dividido en tres órdenes de gobierno, es en el municipio donde se solucionan con inmediatez los problemas de los mexicanos. Si los municipios son débiles en la administración gubernamental que les corresponde, las entidades federativas lo serán también.
Hoy vemos con tristeza que el federalismo mexicano se está debilitando por las limitaciones impuestas a los gobiernos municipales, para atender las necesidades y demandas de la población.
La vía legislativa no es la única para suprimir instituciones. De hecho, existe otra que se está usando para que México retorne de facto a esquemas de gobierno ya rebasados por la dinámica de crecimiento del país: la restricción presupuestal, hasta hacer inoperable a la entidad restringida.
Ahocar económicamente a los municipios es una forma de destruirlos, de empobrecer a los mexicanos, de debilitar a las partes de la Federación que, no olvidemos, fueron las que celebraron el pacto federal para cederle derechos un gobierno común, sin perder su autonomía ni su diversidad.
Sin embargo, se actúa como si ese gobierno fuera la fuente de la cual manó la Federación, y se le regatean a los estados y sus municipios, de los cuales proviene la riqueza de México, lo recursos que en justicia les corresponden.
Ante la proximidad de la entrega del paquete económico al Congreso de la Unión, los partidos de oposición, particularmente la alianza Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, tienen el enorme reto de impedir que se siga empobreciendo a los municipios y, con ellos, a los estados de la República.
Hoy necesitamos, más que nunca, un federalismo efectivo que salve a México.
